Santo Domingo. El Secretario General del MIU, Miguel Mejía, expresó hoy que como era de esperar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha continuado su labor de desprestigio e injerencia destinada a mellar la imagen y causar problemas internacionales a la República Dominicana.

Dice que en el último capítulo de su desesperado folletín ha sido el de “condenar la sentencia del Tribunal Constitucional”, como si esa Corte estuviese investida de poderes supranacionales y encarnase el dogma de la infalibilidad.

Asevera que la arrogancia de la CIDH se une ahora a su más que notoria doble moral a la hora de emitir sus dictámenes, casualmente blandos con los más poderosos y tajantes con los más débiles. También a su errática trayectoria mediante la cual, violando no solo las normas del Derecho Internacional, sino también el más elemental sentido común, se ha pretendido erigir en una especie de dictador injerencista, capaz de exigir hasta la reforma de las constituciones de los países miembros.

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Argucias legales contra soberanía nacional

Las razones aducidas por la CIDH para atacar la sentencia 256/14 del Tribunal Constitucional dominicano son un compendio de argucias legales y de retruécanos verbales que servirían para ilustrar el significado exacto del término “cantinflesco”, aplicado a quien intenta enrollar un asunto en disputa con un diluvio de frases inconexas y sin sentido. Ni más ni menos. Y eso queda más que claro cuando leemos que la CIDH califica la decisión soberana del más alto tribunal de República Dominicana como “carente de todo sustento en el Derecho Internacional” y muestra de que “el Estado dominicano pretende desconocer sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

Es evidente la mala fe calumniosa de los señores que conforman la CIDH, y de quienes le han dado la tarea de minar el prestigio de nuestro país, guiados por evidentes motivos geopolíticos. No es ocioso recordar que desde la época de la Guerra Fría se ha pervertido la defensa y promoción de los verdaderos derechos humanos, convirtiéndolos en armas arrojadizas contra enemigos políticos e ideológicos, o naciones y pueblos demasiado rebeldes, dignos e independientes.

Acudir a argucias legales que intentan nublar la realidad y manipular su percepción, por parte de la opinión pública internacional, es otro artero ataque de la CIDH contra nuestra Patria y un paso más en su descenso acelerado hacia el desprestigio y el aislamiento.

No es la República Dominicana quien sale manchada de esta disputa artificial y alevosa, sino la CIDH, en su evidente papel de corte colonial ultramarina. Aquí se trabaja, como nunca antes, por regularizar la situación migratoria de miles de extranjeros indocumentados, sin apelar, como hacen otros impunemente, ni a deportaciones, ni a la separación de familias, ni a las deportaciones policiales. El primero que apoya y reconoce este proceso es el gobierno haitiano.

Si la CIDH quiere, realmente, defender los derechos humanos de los haitianos, que se llene de valor y exija a la comunidad internacional, especialmente a los países ricos, que aporten lo prometido a la reconstrucción de esa empobrecida nación y que deje de dar coces contra el aguijón de un país al que ha unido con sus ridículas pretensiones.

Ninguna argucia legal puede más que un pueblo que está decidido a defender su soberanía, su ordenamiento democrático y su libertad.