La República Dominicana posee un nivel de desempleo de 14.7% (BCRD, 2012) lo que nos ubica dentro de los países con los niveles más elevados de América Latina y el Caribe, donde éste alcanza un promedio de 6.4% de la población activa. (CEPAL, 2012). Al contrastar la persistencia del elevado desempleo nacional con los niveles de crecimiento económico registrados en los últimos diez años, de 5.4% anual siendo la segunda economía de la región con mayor crecimiento, sólo superada por Panamá se evidencia el paradójico resultado de que a pesar de tener uno de los crecimientos más elevado, contamos con 2.3 veces más nivel de desempleo que el promedio de la región, evidenciando un importante problema estructural del mercado laboral dominicano.

La economía nacional se afianza cada vez más en un modelo de crecimiento basado en el desarrollo de sectores con baja capacidad de generar empleos.

Una muestra de esto ocurrió en 2009, cuando la economía creció un 3.5% y el desempleo pasó de 14.2% a 14.9%; o bien en 2012, al crecer 3.9% y la tasa de desempleo aumentó en 0.5% con respecto al año anterior. Es decir, nuestra economía necesita de un crecimiento por encima del 4% para ser capaz de generar empleos que compensen la cantidad de personas que ingresan a la población activa todos los años.

Una de las causas que provoca esta situación es la falta de articulación sectorial, caracterizado por un sector primario con insuficientes recursos financieros y tecnológicamente atrasado; un sector industrial con escasos niveles de eslabonamiento y dificultad para encadenar varios procesos de diferentes industrias, al estar concentrado principalmente en la elaboración de bienes con escaso nivel técnico y de valor agregado, como el textil y el agroindustrial, que condicionan al aparato productivo nacional a una baja productividad, poco dinamismo y competitivamente deficiente.

Como resultado, las actividades de servicios deben abastecerse de artículos que si bien gran parte pueden elaborarse en el país, requieran ser importados, por lo cual, el desarrollo del comercio de bienes elaborados, no promueve significativamente al sector productivo ni a la generación de suficientes empleos domésticos, sino que contribuye a la generación de estos en los países donde se originan.

Al analizar la situación el mercado laboral desde el enfoque de la oferta, se constata un limitado nivel de personal con formación especializada, baja productividad y subempleo de factores y, por la demanda, un insuficiente nivel de inversión en áreas productivas; pago de bajos salarios e insuficientes de plazas para captar a personal altamente calificado, trae como consecuencia el incremento de la informalidad laboral la cual se sitúa en un 56% de la población ocupada y la fuga de cerebros, que dificulta la posibilidad de innovar determinadas actividades económicas yla capacidad de aumentar la composición técnica de los artículos.

Como una forma de solución, existen ciertos grupos empresariales que planean, una la modificación del Código Laboral que actualmente busca restringir los derechos laborales adquiridos por los trabajadores, como forma de promover la inversión y conceder mayores beneficios fiscales. Esto a fin de cuentas continuaría con el mismo modelo de competitividad estática, basada en el pago de bajos salarios; la explotación del trabajador y exoneraciones fiscales en su mayoría estériles, que más que contribuir al desarrollo productivo, han servido de garantía a mayores beneficios a los grandes empresarios de la industria y a desincentivar el estímulo a desarrollar los procesos productivos.

Una solución que permita la creación de empleos formales, con mayores niveles de productividad y la sostenibilidad económica en el largo plazo, es la aplicación de políticas que estén encaminadas a la transformación estructural, a través de la mayor articulación de los sectores y procesos productivos y el fomento a la invención e innovación técnica y de los bienes elaborados.

Asimismo, se requieren de políticas que promuevan la competitividad dinámica, con las facilidades para la formación y especialización de la fuerza laboral nacional y de las condiciones que permitan absorber el potencial de personal capacitado existente, así como, una mejor gestión institucional que contribuya a facilitar los procesos burocráticos que dificultan la inversión y la competitividad.