Los Ángeles.- El estado de Minnesota y su condado más poblado demandaron este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump para obtener pruebas sobre los tiroteos en los que resultaron muertos dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios, que no han sido compartidas con las autoridades estatales.
Demanda contra el Gobierno de Trump
La querella legal argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) no han dado acceso a investigadores estatales a las pruebas en dos tiroteos ocurridos en enero pasado y en donde murieron los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años.
Los demandantes han pedido al tribunal que ordene al Ejecutivo estadounidense proporcionar acceso a las pruebas solicitadas en los casos de Good y Pretti.
Casos de tiroteos investigados
También han pedido al tribunal federal que obligue a las autoridades federales a entregar información del caso del venezolano Julio Cesar Sosa-Celis, que fue baleado en una pierna por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las autoridades de Minesota y del condado de Hennepin, donde ocurrieron los tiroteos, y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota advirtieron que tanto en la muerte de Good (el 7 de enero) como en la de Pretti (24 de enero) los agentes federales “incumplieron rápidamente” sus promesas de cooperación.
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“En lugar de compartir información, las autoridades federales tomaron posesión exclusiva de las pruebas que se habían recopilado y negaron a los investigadores de Minesota el acceso a información clave”, escribieron en la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Operativos migratorios cuestionados
Los demandantes también cargaron contra los operativos migratorios y advirtieron que los tres tiroteos son “ejemplos” de las acciones violentas cometidas por los agentes federales en Minesota.
“Los agentes federales también llevaron a cabo detenciones ilegales, redadas, arrestos y operativos peligrosos en espacios públicos. El operativo generó un temor generalizado entre los residentes de Minesota, tanto ciudadanos como no ciudadanos”, detalla la querella legal.
La demanda, además, ha solicitado al tribunal que declare la práctica del DHS y el DOJ de negarse a compartir material de investigación con las autoridades de Minesota como “arbitraria y caprichosa” y excesiva con respecto a la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
