A raíz de un comunicado emitido por la Procuraduría General de la República, advirtiendo que podría adoptar medidas cautelares para investigar ataques a su labor de personas, probablemente pagadas de dinero proveniente de actos de corrupción, se desataron los demonios del infierno en contra la titular de ese órgano persecutor, doctora Miriam Germán Brito, acusándola de intentar coartar la libre expresión y difusión del pensamiento.

Los periodistas que conocen a la funcionaria sabemos muy bien que ella sería incapaz de tal despropósito, pues desde que era ayudante de la fiscalía del Distrito, cultivó una relación fraternal con los miembros de la prensa que cubrían el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, como fuente noticiosa, donde nunca se negó a dar algún tipo de información de interés colectivo, comportamiento que exhibió cuando fue ascendida a juez de la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y posteriormente promovida a magistrada de la Corte de Apelación de este Distrito Judicial.

Ella es un paradigma de la esencia de lo que debe ser juez de la carrera Judicial, toda vez que recorrió todas las jurisdicciones desempeñando las funciones de juez de paz, de primera instancia, de corte de apelación hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, apartando su labor en el Ministerio Público, ascensos logrados por un desempeño prístino, sin máculas, actuando siempre conforme a las leyes, sin vulnerar ningún derecho inherente a la persona humana.

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Miriam German pertenece a una camada de ayudantes fiscales integrada, entre otras, por Carmen Imbert Brugal, Gisela Cueto, Ana Burgos y Casilda Báez, quienes asumieron roles que solamente eran reservados para hombres, como las requisas domiciliarias a las 6:00 de la mañana en búsqueda de delincuentes, dictámenes severos contra infractores criminales y encargadas del departamento criminal, dejando una estela de transparencia y honestidad , prendas que fueron básicas para ascensos merecidos dentro del tren judicial.

Creemos que el intelectual y veterano periodista, Julio Martínez Pozo, reconoce las virtudes de la jefa del Ministerio Público, por lo que no se justifica el concierto de críticas por la mala interpretación a un texto de advertencia, que no encierra una amenaza para amordazar a los medios de difusión ni las críticas ácidas que vierten algunos comunicadores, dado que vivimos en un Estado Social y Democrático de derecho, primando la libertad de prensa, sin censuras ni cortapisas.

En síntesis, fue una tormenta en un vaso de agua, aprovechada por algunos para dañar reputaciones, muy bien ganadas, y cuestionar la extraordinaria investigación realizada por el ente acusador en los procesos de corruptelas que se ventilan en diversas instancias, buscando una vergonzosa impunidad.