El Ministerio Público emprendió el miércoles otro espectacular operativo contra el crimen organizado, con despliegue de 71 fiscales, 1,350 militares y policías, quienes realizaron de allanamientos en viviendas, negocios y cárceles de Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, con saldo de solo tres personas formalmente sometidas a la justicia.
Con la Operación Halcón IV se intenta desmantelar supuestas estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas, sicariato y asesinatos de personas, así como identificar y arrestar a la persona que habría proferido amenazas contra la procuradora general, Miriam German Brito.
Tan extendido fue ese operativo que contó con el respaldo de helicópteros y vehículos militares en apoyo a las requisas en cárceles del Cibao y en la de Najayo Hombres, de San Cristóbal, con resultado de dos millones de pesos decomisados, además de drogas y armas de fuego, lo que no perece compaginar con la parafernalia empleada.
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Listín Diario publicó ayer como información principal que la procuradora general habría sido trasladada a un lugar seguro ante la amenaza de muerte proferida en contra suya y de su hijo, lo que hasta ahora no ha sido desmentido ni confirmado por las autoridades.
Esa información no desmentida enrarece aún más los motivos que tendría el Ministerio Público para emprender tan amplio despliegue policiaco-militar que concluyó con la detención de diez personas, con solo a tres sometidos a la justicia.
No resulta extraño que la magistrada Germán opte por mudarse a una residencia más segura ante la amenaza que ha recibido, pero si eso ocurre en medio de una gran acometida del Ministerio Público contra un entramado criminal asociado al narcotráfico, sicariato y extorsión, entonces hay razones para colocarse las manos sobre la cabeza.
En un operativo anterior, que también tuvo epicentro en Santiago, las autoridades apresaron a 31 personas a las que se acusaron de participar en una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, a 23 de los cuales se les impuso medidas de coerción, pero esta vez, el chinchorro no atrapó peces gordos.
Queda como legitima preocupación ciudadana la denuncia del propio Ministerio Publico de que aquí operan poderosos entramados criminales dedicados al lavado de dinero, narcotráfico, extorsión y asesinatos por encargo, cuyos tentáculos han logrado penetrar órganos de investigación del Estado, a través del soborno y la complicidad, aunque todavía sobra sal y faltan chivos.
