Roberto Rosario puede gritarle –a todo pulmón- a Danilo Medina y al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana: ¡Misión cumplida! . Para el éxito el señor Rosario violó o ignoró la Constitución y la ley 275/97 de manera flagrante.
“La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”, dice la Constitución. Pero el señor Rosario se opuso con argumentos baladíes.
De igual modo violó la Ley Electoral en sus artículos 120, 126, 127, 128 y 133, entre otros. Quiso imponer un conteo electrónico –lo hizo a puro cojones- de mil 500 millones de pesos rechazando el manual. A regañadientes hizo un acuerdo con los partidos de oposición de contar primero manual, luego electrónico, pero antes de que terminaran las votaciones, sorpresivamente, inició el conteo dándole a Danilo más del 60%, marcando así una tendencia sospechosa.
De ese modo Rosario violó la Constitución, la Ley Electoral y el acuerdo con la oposición del conteo manual a pesar de que los escáneres que costaron alrededor de mil 500 millones de pesos, no funcionaran en gran parte de los colegios y de que incluso, horas antes de las elecciones unos tres mil 500 técnicos, extrañamente se unieron para “renunciar”.
El proceso electoral, las votaciones y el conteo, fueron fraudulentos. Significa pues, que Danilo Medina es reelecto de manera inmoral y fraudulenta.
Cuánto le costó al país la reelección: ¡Entre 45 y 50 mil millones de pesos! Mal contados. Si yo fuera líder de la oposición, no reconociera el triunfo del PLD: impugnaría su “victoria” ante los tribunales nacionales e internacionales al tiempo de convocar protestas en todo el territorio nacional. Por desgracia no lo soy.
No acudimos a unas elecciones, acudimos a un verdadero matadero electoral, como advertí en más de una ocasión al ver la complicidad de la JCE, de los medios de comunicación, las iglesias y un sector importante de los empresarios, al ver el derroche de recursos, la inequidad y la fragilidad de las instituciones públicas.
De qué equidad podemos hablar si el gobierno gastaba 18 millones de pesos diarios en publicidad (de cada 25 spot de radio y televisión la oposición tenía uno); 27 millones diarios en nominillas (gente que no trabaja); un millón diario solo en viáticos; 77 millones diarios en el asfaltado apresurado de las calles y callejones; once millones diarios en combustible para las cientos de jeepetas que recorrían el país; el gobierno dejó de pagarle al Banco de Reservas.