POR: Bernardo Castellanos

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En su punto más alto, el subsidio focalizado al PRA llego a significar unos US$100 millones anuales de erogación por parte del Estado y el mismo comenzó a ser satanizado señalándolo como una de las causas principales del creciente aumento del subsidio directo y perdidas en el sector eléctrico llegándose a afirmar de manera categórica que la población y negocios en las áreas del PRA había aumentado significativamente como consecuencia del subsidio directo que asignaba dicho Programa siendo eso una de las principales causas del continuo deterioro en la gestión de las distribuidoras y sus finanzas.

Tanto satanizaron el PRA hasta que en el 2010 se produjo su eliminación total siendo sustituido por el programa Bono Luz cuyo subsidio directo aumenta todos los años y no se contabiliza ni forma parte del subsidio directo anual que entrega el Gobierno para cubrir las ineficiencias, exceso de empleomanía y gastos corrientes de las distribuidoras y la CDEEE.

La eliminación del PRA no ha significado ni una mejoría en la calidad del servicio, ni tampoco una reducción en el subsidio directo que anualmente otorga el Gobierno al sector eléctrico con lo cual queda evidenciado que la fiebre no está en la sabana y que el PRA se constituyó al igual que el Acuerdo de Madrid y la pignoración de cuentas de Edenorte y Edesur en uno de los tantos mitos eléctricos que se crean para desviar la atención de los crecientes déficits financieros e incrementos en el subsidio directo, gastos corrientes y exceso de empleomanía en el sector eléctrico

Muchos sectores de la sociedad fueron cautivados y seducidos por la campaña a favor de la criminalización al robo eléctrico a través de una ley especial, a pesar de que el fraude eléctrico estaba tipificado y penalizado en nuestras leyes y códigos vigentes
Se generó una expectativa tal que muchos sectores apostaban y estaban confiados y seguros que una vez se dictara una legislación y reglamento específico para criminalizar el hurto de energía, sería un gran paso de avance en la lucha por reducir los déficits financieros crecientes del sector.

La Ley fue promulgada al igual que su Reglamento. Se creó una Procuraduría Fiscal especial para dirigir y procesar las violaciones a la Ley.
El resultado no puede ser más penoso y lastimoso, las evasiones y fraudes siguen tan campante como el famoso whisky aquel, mientras la burocracia estatal se incrementó como consecuencia de la implementación de esta Ley especial que a juicio de muchos no era necesaria para perseguir, combatir y someter a la justicia los responsables del crimen del robo de la electricidad.