Con la investigación iniciada por la Procuraduría General de la República se espera que se establezcan responsabilidades en torno a las supuestas irregularidades en la licitación del contrato para la modernización y agilización del tránsito en el Gran Santo Domingo.

En principio se entendía que las anomalías eran de procedimiento, pero el caso ha tomado otro giro con las versiones de falsificación de documentos y alteración del monto licitado.

El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, convocó a una rueda de prensa en la que no dejó de arrojar confusión en torno a la firma adjudicataria Transcore Latam.

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En ningún momento se ha hablado de sobrevaluación de los semáforos inteligentes o de los equipos ni tampoco de incumplimiento en el proceso de instalación.

Sin embargo ha habido un suspicaz énfasis en la composición accionaria de la empresa, como si se tratara de la base de las irregularidades.

Si el monto del contrato se modificó, para elevarlo de 1,200 millones a más de 1,317, se supone que el comité de licitación o las autoridades del Intrant son los que tienen que dar la cara. Pero no iniciar una caza de brujas.