Estados Unidos persiste en su papel de gendarme del mundo con derecho a castigar o premiar según su mejor conveniencia imperial, sin querer entender que las naciones procuran ejercer a plenitud sus prerrogativas de libertad, independencia y soberanía apegadas a un régimen de derecho internacional basado en la igualdad entre los Estados que veda la intromisión foránea.

En su informe anual sobre derechos humanos, Washington denuncia que la aplicación con retroactividad de políticas migratorias ha creado la figura del apátrida en personas que dice han vivido en el país durante generaciones y que en algunos casos actúan con independencia del control gubernamental.

En ese documento se mencionan arrestos y detenciones arbitrarias, debilidad de la justicia, tráfico de personas, asesinatos extrajudiciales, hacinamiento en las prisiones y discriminación por orientación sexual, sin destacar ningún tipo de avance o esfuerzo de las autoridades por conjurar o disminuir esos males.

No se refiere que aquí se puso en vigencia una nueva Constitución que esclarece su legislación migratoria, que se ejecuta un programa de modernización del sistema carcelario y de revisión del aparato policial, que se instituyó el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Consejo del Poder Judicial, lo que fortalece en vez de debilitar al sistema de administración de justicia.

Sin importar si lo que se denuncia en ese informe sea verídico, falso o exagerado, lo que se rechaza con todo vigor es que el Departamento de Estado se abrogue derecho de juzgar a otras naciones o de emitir consultas que no se le ha pedido, porque carece de autoridad jurídica y política.

Contrario a Republica Dominicana, Estados Unidos no acepta ser juzgado por ninguna jurisdicción internacional ni que sus connacionales sean extraditados para ser juzgados por tribunales de otras naciones por crímenes de lesa humanidad, por lo que esa nación no ha podido ser juzgada ni sancionada por infracciones criminales como la invasiones a Irak y Afganistán o por mantener una ergástula en Guantánamo.

El Congreso estadounidense no ha podido evacuar una ley de inmigración que subsane la situación de virtual apátrida de millones de indocumentados y sus descendientes, pero la Casa Blanca pretende que aquí no se apliquen leyes migratorias para controlar el flujo migratorio por la frontera terrestre.

La Cancillería dominicana está compelida a rechazar en todas su partes ese informe sobre derechos humanos emitido por Estados Unidos, porque su redactor carece de calidad jurídica y política y porque se trata de una mugrosa intervención en los asuntos internos de una nación que se precia de independiente y soberana.