Hugo A. Ysalguez
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Conforme a la última encuesta de Gallup-Hoy, el 88% de los dominicanos favorece que adopten medidas para prohibir e impedir la inmigración haitiana ilegal, dado que la misma está lesionando la soberanía nacional y la disminución de los empleos en el país.

Datos extraoficiales, revelan que hay 365 cruces fronterizos en la línea divisoria dominico-haitiana, la mayoría de los cuales, se calcula en un 97 por ciento están desprovistos de vigilancia militar, lo que permite un trasiego no sólo de indocumentados, sino también un gran tráfico de drogas y armas de fuego.

Tenemos un cuerpo social enfermo, situación que impide que logremos un real y efectivo control migratorio, pues la corrupción es endémica, de acuerdo con un diagnostico realizado por un organismo internacional, y los militares que custodian la frontera tienen muchas debilidades.

La construcción de un muro de más de treinta pies de altura en la frontera que divide ambos países, constituye la solución más apropiada para terminar definitivamente con toda la carga de ilegalidad que penetra al territorio dominicano, por la apertura y permisibilidad que existe en la frontera.

Siempre ponemos como referente a los Estados Unidos para comparar cualquier escenario. El gobierno norteamericano ha construido un gran muro en su frontera con México, de alrededor de 1,123 kilómetros y su longitud sólo es comparable con la Gran Muralla China. Ningún organismo internacional ha criticado la medida.

Existen muchos muros fronterizos. Por ejemplo, Israel construyó una barrera que evita el paso de palestinos a su territorio. También existen otros muros, entre lo que podemos citar el de Marruecos y Sahara Occidental, el de Arabia Saudita e Irak y la Valla India. Solamente falta la barrera dominico-haitiana.

La ley de naturalización y regularización de los haitianos ilegales y de los extranjeros de otros países, sancionada por el Congreso, no concede la nacionalidad a los indocumentados, pues establece un procedimiento que define el estatus para la estancia legal en el país.

Erróneamente, algunos sectores entienden que la pieza concede la nacionalidad a más de un millón doscientos mil haitianos ilegales, cuando en realidad sólo otorga el privilegio a aquellos que están inscritos, de manera irregular en el Registro Civil que alcanzan unos 22 mil.

Los extranjeros ilegales para obtener su naturalización, tendrán que acogerse a las regulaciones de la Ley General de Migración, y tienen que tramitar su residencia y permanecer en el país por un período de dos años para optar por la naturalización.

La norma exige una serie de requisitos que incluyen certificación de no delincuencia y una carta de garantía.