Fascinantes datos habrán revelado los interrogatorios a dos conspicuos dirigentes del PRM extraditados a los Estados Unidos, por traficar toneladas de drogas ilícitas a ese país.

No hay dudas que las declaraciones de estos dos políticos que tienen perfiles demasiado claros de su identidad perremeistas, aceptaron, como no puede ser menos, que aportaron grandes sumas de dinero procedente de sus prácticas ilícitas para ayudar al triunfo de su partido en las elecciones de 2020; pero peor: ¡para sus propias candidaturas a diputados que resultaron ganadoras! Es fácil entender que esta gente tiene un mérito especial y muy reconocido en la creación de lo que es el Gobierno de la República Dominicana.

Eso explica que la forma para llegar al poder conlleva ciertos peligros, y entre ellos, el riesgo de deslegitimar el poder que, paradójicamente, se pretende preservar; es decir, la evidencia clara que torrentes de dinero del tráfico de drogas circuló y fue convertido en credo para lograr sus fines.

Sin embargo, este comportamiento contribuye al hundimiento del país que hoy no puede exhibir una democracia limpia, sin las sombras que se proyectan sobre un poder cuya pureza de origen proviene de ese destructivo bando del ilícito. Por tanto, las autoridades como la silente “sociedad civil” que le ha escoltado, despiertan dudas razonables en torno a esta realidad pues en su afán de disipar las sospechas de conveniencia, pretenden pasar de puntillas para no dejarse sentir en casos tan graves.

Ahora se siente destruida la confianza del Gobierno porque la dirigencia sabía de ello y, aún así, le acogió y le brindó inmunidad mediante el Congreso, hecho que es de estupor e indignación en la sociedad, y que desborda la ley electoral.

Lo lamentable es que se festina que “el Gobierno ha logrado una mejoría significativa en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, lo que ha merecido el reconocimiento internacional”. ¡Cuántas pamplinas!