POR: Hugo A. Ysalguez

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Las Naciones Unidas insiste, en el caso de los haitianos ilegales en desconocer nuestro ordenamiento jurídico, sustentado en la Constitución de la República, las leyes adjetivas y los órganos jurisdiccionales del Estado, que son los Tribunales del país.

Constituye un desatino, la petición de la ONU para que el gobierno adopte las medidas necesarias para restaurar la ciudadanía dominicana a todos, aquellos nacidos en el país, pero que no fueron inscritos en el Registro Civil al momento de su nacimiento.

Es la segunda ocasión, que el organismo internacional emplaza al gobierno a desacatar la sentencia del Tribunal Constitucional que define quiénes son dominicanos, de acuerdo con las leyes vigentes. Al parecer, la Ley de Naturalización y Regularización de los extranjeros no satisface a la ONU. La ley promovida por el presidente Danilo Medina, establece claramente que solo serán reconocidos como dominicanos aquellos nacionales haitianos que están inscritos irregularmente en el Registro Civil, situación que tiene su lado oscuro, pues muchos indocumentados recurrieron al fraude y la falsificación para lograr tal despropósito.

La necedad de la ONU sobre el tema fue respondida valientemente por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Cesar Pina Toribio, quien calificó la solicitud como un absurdo que no tiene ámbito de aplicación, dado que no existe un texto legal que abra la vía para regalar la nacionalidad a los ilegales.

Desde que se habló que el gobierno preparaba un proyecto de ley para ayudar a definir el estatus de los ilegales, miles de haitianos cruzaron la frontera para beneficiarse del estatuto que se articulaba para darle respuesta a la presión internacional a raíz de la sentencia del TC.

A raíz del terremoto que sacudió Haití, las autoridades de ese país denunciaron que tres mil presidiarios haitianos, acusados de crímenes graves, habían escapado de un recinto carcelario, y la mayoría de ellos buscaron refugio en nuestro país. Quien suscribe conoce una guarida donde viven decenas de delincuentes fugados.

El presidente Barack Obama pidió al Congreso norteamericano que le permita acelerar la deportación de los niños centroamericanos que llegan a la frontera estadounidense. Ni la ONU, ni Amnistía Internacional, ni los países del Caricom, ni ningún otro organismo ha censurado la actitud del jefe de estado de la potencia mundial.