Tras la eliminación del combustible subsidiado que el Gobierno otorgaba a los transportistas se ha continuado con una redada contra los puestos ilegales para la venta de gasolina, gasoil y otros carburantes.
El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles, una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio que dirige el coronel Huáscar González, informó que en las últimas horas han sido desmantelados siete puestos que operaban de manera irregular.
Está bien que se aplique la ley para controlar un negocio peligroso, pero para evitar conjeturas las autoridades no solo deben identificar a los propietarios, sino traducirlos a la justicia.
Al omitirse detalles tan fundamentales puede pensarse en encubrimiento o un simple bulto para demostraciones de eficiencia en cuanto a la aplicación de la ley. El negocio ilícito de combustibles tiene que perseguirse como cualquier otra violación de la ley, pero sin dejar cabos sueltos que planteen interrogantes.

