Ni más ni más

La Cámara de Cuentas no tiene funciones de Ministerio Público, sino la de supervisar la ejecución de fondos, ingresos o presupuestos de instituciones públicas o descentralizadas, pero sus auditorías tienen fe pública con poder probatorio ante jurisdicciones contenciosas administrativas, civiles o penales.

Antes de concluir y publicar esas auditorías, titulares o responsables de dependencias auditadas tienen la oportunidad de explicar o justificar los hallazgos que los auditores consideran irregulares, por lo que esos documentos son de inestimable utilidad para jueces y fiscales.

Resulta inexplicable que 67 auditorías en las cuales la Cámara de Cuentas afirma que identificó irregularidades que podrían invadir el ámbito de la prevaricación, no han merecido la menor consideración del Ministerio Público.

La titular de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, sostiene que tales auditorías arrojaron irregularidades que deberían ser investigadas a profundidad, pero es conveniente señalar que la función de ese organismo concluye con la publicación del documento, que se vale por sí mismo.

No resulta prudente que la presidencia o cualquiera de los miembros de la Cámara de Cuentas emitan juicio de valor, que no sean los puramente técnicos sobre el contenido de esas auditorías, porque su función no es la de fiscal, juez o policía, sino la de custodia y supervisión del gasto público.

A pesar de la inercia del Ministerio Público ante tal legajo de irregularidades que supuestamente presentan 67 auditorías realizadas en instituciones oficiales, debe insistirse en que la Cámara de Cuenta carece de calidad para atacar esa desidia en base a sustituir el rol del fiscal en la persecución penal.

En esas auditorías constan los escritos justificativos de los responsables de las dependencias auditadas, que han de tener vocación de descargo en la jurisdicción penal que juzgue su contenido, por lo que no es recomendable que ninguna autoridad administrativa instale tribunales paralelos para lapidar reputaciones.

Lo que se pide y se espera merecer es que el Ministerio Público acoja o desestime las 67 auditorías, que según la presidenta de la Cámara de Cuentas, arrojan irregularidades que probarían algún tipo de prevaricación. Ni más ni más.