La muerte de Mateo Aquino Febrillet, ex rector de la UASD y candidato a Senador del PRM por la provincia de San Cristóbal, causada por la violencia política, ha impactado la vida nacional. Dentro de la tragedia, las primeras actuaciones de la autoridad judicial han sido correctamente encaminadas para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de esta barbarie. De igual manera, satisface la actitud seria y firme del PRM de excluir de la boleta electoral al principal involucrado conforme evidencia la investigación.

Febrillet pagó con su vida la violencia desmedida y la irracionalidad que por demasiado tiempo ha reinado en el país.A él, se le sumaron otras 17 personas, todas víctimas de la violencia en apenas ocho días, la muestra más evidente de que por más que el Gobierno de Danilo Medina intente ocultarlo, la violencia y la inseguridad en nuestras calles es percepción y realidad. Todos sin excepción, estamos expuestos a sus terribles consecuencias.

Aunque República Dominicana está por debajo de otros países de la región en muertes violentas, como Venezuela y Honduras, la tasa sigue siendo alarmante. Cifras menos, cifras más, hoy el país sufre entre 18 y 22 muertes por cada 100 mil habitantes, dato que no se ha movido durante casi cinco años, lapso de tiempo en el que más de un plan de seguridad ciudadana se implementó con nulos resultados.

Solo entre 2011 y 2015 se produjeron más de 10 mil homicidios, la mayoría de ellos con armas de fuego, 10 mil familias que perdieron a un ser querido, vidas despojadas por un modelo excluyente, sin oportunidades, de mucho para unos pocos, y muy poco para la mayoría.

La violencia se combate en el seno del hogar, otorgando un empleo a quienes lideren esos hogares, una educación de calidad a sus hijos, cobertura de servicios básicos, una vivienda digna y auténticas oportunidades de salir adelante, esto es, un modelo preventivo y no curativo, como el que ha llevado el PLD durante 12 años, un fracaso que nos ha costado vidas humanas, el deterioro social y el avance del miedo.

Urge la ley de partidos, pero también una depuración de quienes ejercen la política. Quienes estamos en política no aspiramos a una sociedad inmersa en la violencia como norma. Al contrario, queremos otro tipo de política, la buena y con mayúsculas, la que cree en el bien común.