No era necesario

Hace un buen tiempo había advertido que gracias a la expansión de leyes como la FCPA o la Ley Magnitsky en los Estados Unidos, nuestro país no iba a poder darse el lujo de jugarse su reputación siendo indiferente al mal manejo de fondos públicos o del comportamiento de nuestros funcionarios. Ayer, un Senador activo de la República Dominicana fue puesto en la lista OFAC como designado de sanciones lo que es un hecho grave y sin precedentes.

Para comprender la dimensión de la situación y entender los efectos prácticos de esta, la sanción en la lista OFAC no solo implica la retención de activos en Estados Unidos, la prohibición de negocios con el sancionado a toda persona o entidad americana, y la eliminación del visado a este y toda su familia, de hecho, toda persona o entidad en el mundo deberá evaluar seriamente cualquier tipo de relación, negocio o transacción que realice con este para evitar ser incluido en la susodicha lista y sufrir las mismas consecuencias.

La inclusión en la lista OFAC es uno de los castigos más severos de la actualidad, en especial para hombres de negocios o figuras públicas. Este es el mismo esquema de sanciones que forzó a Venezuela a inventarse una ridícula cryptomoneda para financiar a PDVSA, que impulsó a Rusia a interferir con las elecciones en Estados Unidos para buscar su aliviamiento y que forzó a Irán a abandonar su programa nuclear.

Las sanciones al senador Félix Bautista son una vergüenza para el país

Pero no nos equivoquemos; esto no es una carga para un individuo, institución o grupo, esto es una vergüenza para todo el país. Fracasamos en establecer controles preventivos y continuos para evitar que algo como esto sucediera, nuestra justicia acaba de recibir un tortazo directamente en la cara y nuestras instituciones han sido expuestas por lo muy poco que son. A esto hemos sido reducidos.

Los mecanismos para soluciones abundan pero siempre nos hemos tropezados con la voluntad política, o la falta de esta, para introducirlos y hacerlos efectivos, y ahora estamos pagando los costos de nunca haber tomado el tema en serio, reduciendo el debate sobre los controles y la fiscalización de los distintos actores del Estado a pura chismotería política.

Es mi mayor deseo que con este ejemplo sea suficiente para despertar a nuestra clase política a la nueva realidad del ejercicio extraterritorial de controles contra la corrupción y la violación de los derechos humanos, y que aceptemos nuestra propia responsabilidad de asumir con seriedad nuestro rol en imponer los controles internos adecuados. Nunca fue necesario que las cosas llegaran hasta este punto, pero aquí estamos, ¿Ahora, qué haremos?