Los compromisos derivados del endeudamiento público, que según datos confiables frisa los veinte mil millones de dólares, y la necesidad de cubrir el déficit fiscal acumulado, empiezan a dejar al gobierno sin alternativa. Se está presionando a los contribuyentes para aumentar las recaudaciones en lo que resta del año, pero es cuestión de tiempo para que anuncien nuevas cargas tributarias.

Ganadas por su vocación clientelista, las autoridades han sido incapaces de poner en vigor medidas de austeridad. En lugar de reorientar el gasto público hacia actividades generadores de empleos que les permitan prescindir de programas sociales estimuladores del ocio, y a la vez, cerrar sus déficits, se empeñan en revalidad su política de despilfarro.

La crisis de credibilidad que acusan está vinculada a su incapacidad de fomentar el ahorro, que debería empezar con reducir su abultada nómina parasitaria y eliminar las nominillas, incluida la PI que acaba de descubrir Nuria Piera. Los viajes al exterior en primera clase, que en virtud de la Ley 487-06 eran privilegio exclusivo del Presidente y de otros pocos funcionarios, son dolorosamente recurrentes entre empleados de hasta quinta categoría.

Lo mismo pudiera decirse sobre el uso de celulares, los gastos de representación y dietas, los beneficios disfrazados con distintos títulos de los miembros de los consejos de dirección y administración de las instituciones descentralizadas, y de la inversión publicitaria y promocional, que nadie tiene idea aproximada de los cientos de millones que mensualmente nos cuesta. Si el gobierno no se sacrifica, si no depone sus distorsionantes prácticas populistas que se engullen buena parte de los ingresos corrientes, ¿cómo equilibrarán la cuenta fiscal? ¿De dónde provendrán los recursos para pagar el servicio de la deuda? ¿Es justo que siga contratando nuevos préstamos y emitiendo más bonos como si acaso no hubiésemos llegado al límite?