La idea de reformar el sistema de justicia en la República Dominicana data de muchos años. Algunos gobiernos habían hecho esfuerzos tendentes a lograr tal objetivo, pero ninguno había logrado concretar ni siquiera una propuesta formal.

Sin embargo, no fue hasta el año 1997, cuando mediante Decreto 104-97, del entonces Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que quedó conformada una comisión compuesta por notables juristas dominicanos, que tendrían por propósito la revisión y actualización del referido sistema.

Sin lugar a dudas, que la modernización de este sistema y la puesta en vigencia del mismo, constituyó un extraordinario salto de avance institucional que con sus altas y sus bajas hay que apreciarlo.

Ahora bien, de un tiempo esta parte desde diferentes litorales nacionales e internacionales escucho a diferentes actores desplegar una suerte de cuestionamientos tendente hacer trizas todo ese esfuerzo realizado.

Es cierto que no tenemos aún sistema de justicia perfecto, acorde a los requerimientos de una nación del primer mundo, pero tampoco se puede decir que es el peor del mundo. Tenemos que avanzar, fortalecerlo, perfeccionarlo acorde a los últimos requerimientos de una justicia del siglo XXI. Y yo me pregunto y digo, ¿cuál es el interés de esos sectores en desacreditar el actual sistema de justicia dominicano, qué se gana con eso, a dónde quieren llevarnos, qué es lo que se procuran?

Pero más aún, ¿Con cuál país vecino nos quieren igualar, cuál es la selva que quieren crear, cuáles son las intenciones? Digo esto porque de un tiempo a esta parte se ha venido desarrollando una campañita maliciosa que quiere mostrarlo como el peor sistema de justicia de la civilización occidental.

No es el mejor, es verdad, nos falta mucho por avanzar, por mejorar, por perfeccionar, pero de ahí a querer decir que la totalidad de los actores que interactúan en la justicia son todos vendettas, carentes de valores y principios, eso no es verdad.