No le luce al director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) la denuncia de que los poderosos no pagan el agua. Si ricos, militares y políticos llegan al extremo de cometer crímenes, como sería romper una tubería de un acueducto para canalizar el agua a predios de su propiedad, el ingeniero Alberto Holguín no ha debido denunciarlo, sino actuar.
De no hacerlo el funcionario se hace cómplice del crimen que ha denunciado. Y no es que sea incierto lo que dijo.
Puede darse por descontado que es completamente cierto que poderosos no pagan el agua que consumen y que incluso gozan de una patente de corso. Pero Holguín cumple con denunciarlo, consciente de que ni siquiera será emplazado para que asuma su responsabilidad de velar por el patrimonio público. Y frente a cualquier movimiento en tal sentido recurrirá al sofisma de que fue malinterpretado. Podrá tratarse de un signo de impotencia, pero, de todas formas, de irresponsabilidad.

