Al margen del lógico interés que despiertan, con unas municipales que no solo marcan una nueva fase en los procesos, sino que han generado tantas tensiones por la aplicación de la tecnología que se utilizará es más que natural el interés de la gente en las elecciones.

Sin embargo las mismas denuncias de compras de cédulas, uso de los recursos públicos e infiltración de los equipos para manipular los resultados ponen de manifiesto una tradición fraudulenta que expresa la fragilidad del sistema institucional y, para más, se articula con la impunidad frente a los grandes escándalos de corrupción que se han divulgado en los últimos tiempos.

No existe la menor esperanza de que se actúe contra candidatos y partidos que violen la ley electoral en el actual proceso. Antes que exigir acciones contra quienes se apartan de las normas para sacar ventajas y perjudicar a sus rivales lo más probable es que se hable de un anticipado pataleo. O se asuma el vergonzoso silencio que se ha observado frente a los sobornos que en junio de 2019 reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que había pagado la constructora Odebrecht para las plantas de Punta Catalina y otras siete obras. Aunque la entidad cita los montos erogados, los seudónimos de los beneficiados y abunda en detalles hoy no se sabe ni siquiera si efectuó alguna investigación para determinar la verdad.

De la misma manera que el nuevo escándalo de Odebrecht ha quedado en el olvido, a pesar del grave daño que representa para la imagen del país, también ocurrirá lo propio con los 39 contratos por unos 11,500 millones de pesos que habrían sido asignados de manera irregular por el Ministerio de Obras Públicas para la compra de asfalto.

Aunque el entonces titular de la cartera y hoy candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, solicitó al director de Ética Gubernamental investigar si con la operación se había violado la ley de compras y contrataciones públicas, tampoco se conoce de ninguna iniciativa en ese sentido.

De existir un mínimo de respeto a la Constitución y las leyes, los sobornos que Odebrecht habría ocultado por 39.5 y 15.9 millones de dólares, y los contratos de Obras Públicas hubieran sido por lo menos investigados. Sin embargo no parece que se les haya dado ni siquiera la menor importancia, como si se tratara de una apuesta a lo que en efecto ha sido: el olvido.

A los candidatos se les reclama propuestas, elevar el nivel del debate y aceptar los resultados, pero se obvia la necesidad de establecer responsabilidades sobre los escándalos de corrupción y actuar contra las viejas prácticas que empañan los resultados de los procesos electorales. El mismo círculo.