El numeral 3, artículo 44, de la Constitución de la República, dice: es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio Se trata de la constitución que auspició el presente gobierno y que entró en vigencia en enero de 2010.

Ocurre, sin embargo, que el primero en violentar el secreto de la comunicación es el propio gobierno, que, a través de sus organismos de seguridad, interviene teléfonos y correos electrónicos de personas que necesite conocer su quehacer cotidiano.

Desde pequeño escucho decir que aquellos que se dedican a ese ilícito oficio se llaman calieses. Los calieses son personas bajas, lacras, ratas de alcantarilla. En la época de Trujillo y en los doce años de Balaguer, los calieses se encargaban de ubicar a los opositores para que sean apresados, desaparecidos o asesinados.

A partir de 1978 los gobiernos no llegan, salvo casos aislados, a tales extremos, pero nada ampara a Leonel Fernández a colocarse por encima de la Constitución y a mantener un acoso permanente, sobre todo por teléfono e Internet, en contra de ciudadanos transparentes y decentes.

Elaboro estos párrafos porque mis teléfonos y correo electrónico los mantienen intervenidos. Cambié los números y volvieron y los intervinieron. Se enteran de los mensajes que envío y recibo desde mi correo y me han robado la contraseña muchas veces. ¿Qué hago?

(No faltan los que aconsejan llevar el caso a la justicia, pero ¿a cuál justicia? El único afán de Subero es que lo dejen en el cargo y aquellos que aspiran a formar parte de ese poder del Estado dan pena a través de la entrevista que les hacen. No responden las preguntas, dirigen elogios al presidente).

La única alternativa que dejan es que el ciudadano haga su propia justicia, poniendo un ejemplo con los calieses, dándoles su nochebuena ahora, en octubre.