La presencia en el país del constitucionalista venezolano Allan Brewer-Carías transcurrió en los días previos a la Semana Santa en medio de un denso silencio académico. La enrarecida atmósfera política que arrastra el debate sobre las primarias abiertas había dejado nubarrones.

Brewer-Carías, Héctor Fix-Zamudio y Domingo García Belaunde forman un patriarcado venerado del Derecho Constitucional latinoamericano. De los tres, el mexicano Fix-Zamudio es el más académicamente impoluto, pues su prolongada estancia académica y su vida discreta le han ganado un prestigio envidiable.

García Belaunde, discípulo de Hans Kelsen, pertenece a una rancia dinastía jurídica y política peruana que tiene entre sus predecesores al ex presidente Fernando Belaunde Terris, uno de los hombres más honorable que ha pasado por el solio presidencial en el convulso Perú.

Brewer-Carías, de su lado, es profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela y ha sido un “arquitecto” del constitucionalismo de su país. En ocasiones anteriores, ha hecho aportes significativos al constitucionalismo dominicano. Su vinculación con el golpe de estado del ex presidente de facto Pedro Carmona en 2011 contra Hugo Chávez le obliga a vivir desde entonces en el exilio en los Estados Unidos.

En el país, Brewer-Carías defendió la potestad constitucional del legislador para regular los partidos políticos, pero dejó claro que su naturaleza es de organizaciones privadas de relevancia constitucional.

La posición del jurista fue un balde de agua fría para la “tertulia de los sofistas del patio” que han cambiado hasta la enésima vez su posición sobre el tema y que sostienen que los partidos políticos son “entes públicos” que pueden ser “intervenidos” por el legislador al punto de imponerles un modelo de democracia interna.

Los juicios del jurista obligan a una reflexión sobre el nivel de sorna y la sordera que afecta a algunos que han decido plegarse a las mieles del poder.

Luego, en los últimos días, el prestigioso grupo de constitucionalistas de la Comisión de Venecia ha puesto el dedo sobre la llaga en un documento rendido a la OEA sobre los límites a la reelección presidencial.

El prestigio de estos juristas es universal, pues fueron los responsables de construir los Estados democráticos de Europa del Este y Central luego de la caída del muro de Berlín.

A la pregunta de si existe un derecho humano a la reelección presidencial, la respuesta fue tajante: no sólo no existe, sino que la Constitución está para limitar el poder del presidente.

A todo esto, quienes habían sostenido la posición contraria han hecho “mutis” y, ante la falta de honestidad para reconocer las razones de los demás, prefieren volver acudir a la diatriba y a argumentos “ad hominem” para ocultar sus falencias.