Es obvio que ningún cabo debe quedar en el aire sobre las operaciones de la constructora Odebrecht en el país.

Las siete obras y el complejo Punta Catalina, así como los seudónimos que utilizó la constructora para pagar supuestos sobornos deben ser aclarados. El procurador adjunto Wilson Camacho ha agregado que también se investigará el financiamiento de la empresa a los partidos políticos.

La garantía de que se transparentará el proceso debe alentar a la opinión pública, pero es tanto lo que se ha hablado y tan poco lo que se ha avanzado que el escepticismo es razonable.

Hoy se desconoce a quiénes corresponden los seudónimos con que Odebrecht admite que hizo pagos ilícitos para obras que no fueron incluidas en el expediente que se conoce en los tribunales. Odebrecht reconoció que pagó 92 millones de dólares, pero habría ocultado otros 54.7 millones detectados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Hasta la afirmación de Camacho, titular de la Procuraduría Especial de la Corrupción Administrativa (Pepca), no se veía ningún interés en establecer responsabilidades sobre los pagos ilícitos que no figuran en el primer expediente.

A pesar de la trascendencia que en aras de la transparencia tiene la investigación las autoridades deben evitar por todos los medios cualquier asomo de circo o de persecución política. El proceso debe orientarse única y exclusivamente a establecer la verdad.