Los Estados miembro de la ONU deben cumplir el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad contra Haití para frenar el tráfico ilícito que alimenta la grave violencia de bandas en el país, reclamó este jueves la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Su alta comisionada adjunta, Nada Al-Nashif, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el último informe de la oficina, que documenta la muerte de al menos 5.500 personas a causa de esa violencia de bandas entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026.
Estos grupos armados, que ya no sólo controlan buena parte de la capital, Puerto Príncipe, sino también amplias zonas en departamentos como Centro o Artibonito, «asesinan, secuestran, golpean y queman los cadáveres» de quienes se interponen en su camino.
El informe también señala que más de 1.570 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual, y que las bandas reclutan a menores para sus actividades criminales.
«Les obligan a cometer asesinatos, violencia sexual y secuestros, así como a destruir propiedades», señaló Al-Nashif, quien también recordó que las bandas criminales restringen el acceso a alimentos, atención sanitaria y educación.
La oficina de la ONU advirtió que fuerzas de seguridad y firmas extranjeras han hecho uso excesivo de la fuerza en operaciones contra bandas criminales.
Se denunciaron al menos 196 ejecuciones sumarias por parte de agentes de policía, que la oficina de Naciones Unidas instó a investigar.
También se han documentado hasta 600 asesinatos en linchamientos y grupos de autodefensa creados para combatir la violencia de bandas.
Toda esta violencia ha profundizado la inestabilidad en un país ya antes marcado por un sistema de gobierno frágil y enormes necesidades humanitarias, con unos 1,4 millones de desplazados internos a consecuencia de la crisis de inseguridad.
