A VEGA. La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dispuso que la Federación Dominicana de Softbol (Fedosa), reponga en su cargo de presidente de la Asociación de Softbol de esta provincia, a Fausto Rufino Liriano Alberto, quien había sido suspendido en sus funciones por el Comité Ejecutivo de la Federación.

La disposición de la sentencia No. 00484/2013 de fecha 3 de septiembre del 2013, es extensiva al presidente de la Federación, Alberto Almánzar y ordena su cumplimiento inmediato.

Fausto Rufino Liriano Alberto interpuso un recurso de amparo contra la Federación Dominicana de Softbol, Alberto Víctor- Almánzar, José Taveras Mercado (Jochy), Luis Maxwell y Compartes, por medio del doctor Alfredo Pérez, quien mostró su satisfacción por la decisión adoptada por el tribunal.

Dicha sentencia condena a la Fedosa y a Almánzar al pago de un astreinte de RD$ 5,000.00 (cinco mil pesos), por cada día de retardo en el incumplimiento de la medida, a favor de la Cruz Roja Dominicana.

El fallo que fue pronunciado por la jueza Priscila Martínez Tineo, previa comparecencia de los ejecutivos de la Federación Dominicana de Softbol, entre ellos su presidente Víctor Almánzar, fue recibido con beneplácito por los dirigentes del softbol de La Vega, los cuales ponderaron las ejecutorias de Liriano al frente de la Asociación vegana.

Apoyamos la determinación de esta sentencia, la cual retorna la tranquilidad al seno del softbol de La Vega, apuntaron decenas de dirigentes, presidentes de ligas y managers de equipos que componen la asociación vegana.

Al ser consultado al respeto, Liriano Alberto consideró que la medida debe sentar un precedente en el movimiento softbolística de la República Dominicana, donde cientos de dirigentes trabajamos a diario por el fortalecimiento de esa disciplina.

Igualmente el Dr. Pérez valoró la decisión en razón de que eso les permite a los presidentes de las demás asociaciones de softbol mantener un trabajo vertical en sus respectivas asociaciones, toda vez que cuentan con una real tutela jurídica efectiva, contenida en el artículo 68 y 69 de la Constitución de la República Dominicana.