En los partidos mayoritarios hay abogados honorables y dotados de valores éticos. No me imagino, por ejemplo, a Enmanuel Esquea Guerrero y a José Joaquín Bidó Medina haciendo marrullerías para beneficiar a sus respectivas organizaciones, en caso de ser miembros de la Junta Central Electoral.

Pero lo ideal sería buscar profesionales de sus cualidades morales que no tengan compromisos políticos partidarios. No todo está perdido, el país cuenta con profesionales del derecho de transparente trayectoria y que nunca han mostrado inclinación por entidad política alguna. Ese es el perfil ideal de los próximos integrantes de los órganos electorales.

Y que sean escogidos mediante el consenso de los partidos políticos y las más diversas entidades de la sociedad civil. Con adecuadas escogencias y leyes electorales y de partidos políticos que garanticen la equidad y la decencia, las instituciones dominicanas podrían trillar un camino diferente.

Las instituciones democráticas descansan en el sufragio, como bien señala Ortega y Gasset. Y si pretendemos institucionalizar al país, tenemos que empezar erradicando los vicios que, haciendo algunas salvedades, elecciones tras elecciones observamos en los órganos electorales.

Ahora tenemos un Tribunal Superior Electoral que trabajó muy poco. Y quizás fue lo mejor. Su primera tarea fue rechazar la alianza del PRD y el Partido Nacional de Veteranos y Civiles, pese a que cumplían con todos los requisitos establecidos en la ley. Y días antes de los comicios su presidente advirtió que no habría reconteo de votos. Se le complació.

Y se le complació porque el PRD no perdería su tiempo ni se pondría de mojiganga de activistas fanáticos del partido oficialista. Los miembros de ese órgano electoral cuentan con buenas remuneraciones y privilegios irritantes, aunque se desconocen las tareas pendientes en lo adelante. ¡Vagos cobrando!.