Cuál es la imperiosa necesidad que tiene la Junta Central Electoral –o particularmente su presidente, Roberto Rosario, porque hay jueces que disienten de la medida– de dar por concluido el plazo para la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral, cuando todo indica que hay tiempo suficiente para continuar emitiendo el importante documento por dos o tres meses más?

La razón descansa en que en lo adelante la gente tendrá que pagar mil pesos para la obtención de la cédula. Y por ese concepto la JCE recibiría una partida multimillonaria, convirtiéndose en el tercer organismo recaudador (después de Impuestos Internos y Aduanas), pero con la agravante de que esos recursos económicos no van al Estado.

Es lo contrario: El Estado tiene que otorgar un presupuesto a la JCE, cuyo presidente lo maneja, conjuntamente con los recursos recaudados, a su discreción, actuando como un dictador en un organismo colegiado que cuenta con otros cuatro miembros.

Y en una actitud sin precedentes el licenciado Roberto Rosario se resiste a que la Cámara de Cuentas audite el desenvolvimiento financiero de la JCE. ¡Válgame Dios! El es abogado, o por lo menos licenciado en derecho, y sabe muy bien que la Cámara de Cuentas está facultada constitucionalmente para investigar el comportamiento financiero de todos los organismos estatales, centralizados y descentralizados. Procede que El Senado de la República intervenga en el caso de la JCE, pero es un sueño que tal acontecimiento ocurra, tratándose de un compañero del Comité Central del PLD, que fue enviado a ese poder del Estado a hacer lo mismo que hacen, con contadas excepciones, todos los demás que ostentan posiciones relevantes en el Estado.

Mientras tanto observamos con impotencia la forma en que se humilla a una población, sometiéndola a filas kilométricas, inclusive bajo el sol, consciente de que el tiempo resultaría insuficiente y en lo adelante cada dominicano que requiera su nueva cédula tendrá que pagar mil toletes. ¡Otra vez la junta!