La noticia de que nueve hermanos comerciantes propietarios de diversos negocios de provisiones planean retirarse de las actividades empresariales acosados por los asaltos y robos a sus establecimientos, constituye apenas una muestra de la pesadumbre que sufre la ciudadanía a causa de la indetenible espiral de delincuencia y criminalidad.

Se trata de la vasta familia Medina Abreu, integrada por gente trabajadora, que tras muchos años de arduo sacrificio en Estados Unidos, retornó a su país con mucho más brío y entusiasmo e instaló almacenes y colmados, que cada hermano atiende con esmero por casi veinte horas diarias.

En poco tiempo, los negocios de esos nueve hermanos, ubicados en Herrera, Manoguayabo y kilómetro 14 han sido objeto de once robos o atracos, con pérdidas estimadas en casi siete millones de pesos, sin contar con la agonía que significa saber que la vida suya y de sus empleados cuelga de un hilo.

Rafael Medina Abreu, el mayor de los nueve hermanos, ha narrado el más reciente de los robos perpetrados contra los negocios de su familia. Esta vez los vándalos desvalijaron el almacén de provisiones Casa Medina, ubicado en La Ciénaga, de la autopista Duarte, donde cargaron con más de 600 mil pesos en efectivo y monedas, y muchos miles más en mercancías y equipos.

Los ladrones que penetraron a ese establecimiento, tras amordazar a dos guardianes tuvieron tiempo para cargar sus vehículos con los lotes de mercancías robadas y hasta para prepararse una suculenta cena, sin que ninguna autoridad se presentara al lugar.

Otros negocios de los hermanos Medina Abreu han sido desvalijados, sin poder recuperar un solo centavo ni lograr que la Policía aprese siquiera uno de esos maleantes, por lo que a esa familia le sobra motivo para considerar cerrar sus establecimiento y largarse de un país donde la delincuencia pretende erigirse en ley, batuta y constitución.

Ya antes un empresario coreano había anunciado su intención de cerrar sus empresas ante la ola de atracos y asaltos que sufren empleados y técnicos, especialmente en una tienda instalada en Pedro Brand.

Policía, jueces y fiscales deberían informar con algo de antelación si por la incapacidad, miedo o incompetencia para frenar la espiral de delincuencia y criminalidad, los demás comerciantes o empresarios deben también prepararse para cerrar sus negocios y emigrar hacia alguna parte donde haya pantalones para aplicar la ley.