En múltiples oportunidades he aprobado las justas demandas salariales del Colegio Médico Dominicano, porque los sueldos que perciben los galenos los condenan a la miseria y en esas condiciones no pueden ofrecer un servicio satisfactorio en los hospitales públicos. He calificado, inclusive, de modesto, el aumento a 58 mil pesos mensuales que vienen solicitando.
Pero en más de una ocasión he desaprobado los paros médicos en los hospitales, por la simple razón de que sólo afectan a los segmentos sociales más desposeídos, que son los que acuden enfermos a los centros de salud del Estado. Ante esa situación sugiero al Colegio Médico Dominicano apelar a otros métodos de protesta.
Los médicos tienen largo tiempo empleando los paros, sin hallar respuesta gubernamental, porque desde el Palacio no hay voluntad, al tiempo que las autoridades emplean su formidable red de comunicaciones para desacreditar y calificar de insensibles a los promotores de la protesta.
El gobierno, en principio, entretenía y usaba tácticas dilatorias, pero ahora ignora e interpreta el caso como un pulso, dando muestra de que no daría su brazo a torcer, aunque el CMD incremente los paros cronológica y geográficamente.
Desde mi óptica, en la dirección del Colegio Médico Dominicano, ha faltado el diseño de estrategias eficaces y en todo momento se le ha visto aislado en la búsqueda de propósitos particulares, aunque de forma oportuna incluyeron a las enfermeras y a otros auxiliares médicos.
Ellos por sí solos, sin embargo, no ganarán esa lucha. Mi amigo Waldo Ariel Suero es un gran gremialista, luchador incansable, pero necesita involucrar a los médicos en un gran frente, donde también estén los maestros, los agrónomos, los choferes, los estudiantes, los partidos de oposición, agrupaciones populares y otras entidades de la sociedad civil. La unidad es que hace la fuerza y la experiencia vivida confirma esa tesis.
Y no estoy planteando nada ilegal, porque la propia Constitución de la República (ver letra d, numeral 11, Art. 8) admite el derecho a huelga de los trabajadores, el cual constituye, inclusive, un derecho universal, en la medida en que no se altere el orden público ni se ponga en peligro la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.
Todos queremos vivir en paz, incluyendo a los médicos, pero debemos recordar el sabio pensamiento de Benito Juárez: El respeto al derecho ajeno es la paz. Y es al gobierno que le corresponde pagar el costo de la misma, redistribuyendo equitativamente en la sociedad lo que nosotros, los contribuyentes, aportamos al fisco, porque al presidente Fernández no se le escogió, el 16 de mayo de 2008, para que designe a cerca de 400 subsecretarios de Estado, centenares de vicecónsules y asesores y más de cien secretarios de Estado sin cartera.
Al Presidente hay que llevarlo a invertir los recursos del Estado en las prioridades del país, como salud, educación, viviendas, energía, seguridad social, seguridad ciudadana y alimentación. Pero ese propósito se conquista (no se mendiga) con la unidad y la fuerza del pueblo.

