La recomendación del Fondo Monetario Internacional de aumentar las recaudaciones fiscales y reducir el déficit del sector eléctrico aumentando la tarifa, puede poner en serios aprietos al Gobierno, ante la disyuntiva de que si cumple con el organismo internacional crearía nuevos focos de tensiones sociales en un año preelectoral y con un aumento de la inflación importada, debido al alza de las materia primas y el petróleo.

La Declaración de la Misión del FMI a la República Dominicana, luego de los elogios protocolares de lugar, cerró planteando la necesidad de revertir la disminución preocupante del coeficiente recaudaciones/PIB, y de adoptar mecanismos de fijación de precios más flexible para las tarifas eléctricas.

En lo anterior queda claro que el organismo, está dejando a un lado la propia flexibilización que había estado asumiendo en los últimos años para pasar a posiciones duras que garanticen el pago del servicio de la deuda externa, su principal objetivo.

El porcentaje de las recaudaciones con respecto al producto interno bruto, que cada año deja al Estado con menos recursos fue lo que planteó en su momento modificar el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con el objetivo de aumentar la presión tributaria y que fue rechazado de plano por todo el sector empresarial.

Éste argumentó, que no se podía aumentar la presión tributaria si al mismo tiempo no se producía una mejora de la calidad del gasto, pero, sin embargo, también reaccionó en contra de que esa mejora de la calidad de gasto incluyera la revisión de las exensiones otorgadas a los sectores productivos, que según el ministerio de Hacienda, superan los 100 mil millones de pesos.

El aumento de la tarifa eléctrica, no sólo levantaría los sectores productivos, sino a la población, agobiada por el aumento de todos los precios y el congelamiento de sus ingresos, frente a un sector eléctrico que aún no puede exhibir mejora.