Santo Domingo.-El Ministerio Público informó que presentará ante la Jurisdicción de Atención Permanente al dominicano Alain José Gómez Luna, acusado de estafa a un grupo de personas con una suma de más de 283 millones de pesos y que fue entregado este lunes en extradición por el Gobierno de Rusia.

Según el Ministerio Público, Gómez Luna enfrenta cargos por operar dos entidades financieras ilegales con las que estafó a un grupo de personas con más de RD$283 millones.

En el caso figuran como imputados, además del extraditado, Aida Ramos y Ricardo Munné.

El Departamento de Extradiciones del Ministerio Público, dirigido por la procuradora de corte Gisela Cueto, explicó la importancia de la cooperación jurídica internacional en la lucha contra los delitos. El proceso contra Gómez Luna lo lleva la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Karina Concepción, unidad que solicitó la extradición.

A Gómez Luna le fueron imputados los cargos de haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos y asociación de malhechores con la intención de falsificar, además de lavado de activos y asociación de alhechores.

El acusado huyó de República Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba.

Desde la vecina isla, partió a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en agosto de 2021, después de permanecer prófugo por más de un año.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público inició sus acciones contra el imputado ante la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la Embajada de República Dominicana en ese país, tras ejecutarse su detención en esa nación.

Gómez Luna utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de las autoridades monetarias de República Dominicana para realizar actividades de intermediación financiera.

Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano.