El artículo 222 del Código Procesal Penal prevé que el juez que conoce sobre la solicitud de medidas de coerción puede proceder de oficio cuando favorezca la libertad del imputado. De modo que antes de ordenar prisión preventiva, cuyo carácter excepcional contempla el 40.9 de la Constitución, debe asegurarse del peligro de fuga que representa, y de que las pruebas sobre la responsabilidad penal de la infracción atribuida sean convincentes.

En lugar de suplir de oficio las razones de Derecho que determinaban la improcedencia de las medidas solicitadas, y de valorar la insuficiencia probatoria de los elementos del tipo penal imputado, un tribunal ordenó prisión preventiva reteniendo la existencia de una deuda. Semejante motivación desconoció la imposibilidad que el mismo texto sustantivo establece para imponer apremio corporal por deuda

Más aún, no existía constancia de que el imputado tuvo participación en el hecho generador de la acusación, por lo que al ordenarse coerción contra él se desconocieron también los numerales 8 y 14 del artículo 40 de la Constitución, los cuales prevén la irresponsabilidad penal y de dictarse medidas coercitivas por el hecho de otro. Pienso que la discrecionalidad de que gozan los jueces para valorar el peligro de fuga, basada en una presunción razonable, está triturando el derecho sustantivo a la libertad.

Asimismo, el estado de inocencia, otro derecho fundamental, no se compadece con el 227.1 del CPP, que condiciona las medidas de coerción a la existencia de elementos de prueba que sostengan la autoría o complicidad de la infracción imputada. Y es que al ser impuestas en virtud de la valoración que el tribunal hace respecto de las pruebas de culpabilidad aportadas en un proceso que por demás no es conclusivo, se atenta contra la presunción de inocencia de que disfrutamos todos por disposición constitucional y de los tratados sobre Derechos Humanos de que somos signatarios.