No disponemos de datos sobre el número de pensiones ni del monto empleado en las gratificaciones antojadizas, unas autorizadas por el Ejecutivo, y otras tantas autoasignadas por funcionarios colocados por el encima del orden constitucional y legal.

Lo que sí sabemos es que contribuyen a distorsionar el sistema distributivo de los recursos públicos destinados a cumplir con los compromisos y obligaciones del Estado. Esto es, en desmedro de la educación, la salud, la tranquilidad ciudadana, así como de la seguridad social y alimenticia. Perogrulladas a las que debemos recurrir para destacar el constaste entre estos derroches y las precariedades que agobian al 90% de los dominicanos.

No es un caso aislado, pero destapa una capa de Pandora la indecente y jugosa pensión de 651 mil pesos mensuales que se asignó el ex superintendente de Bancos, Haivanjoe Ng. Este escándalo marca el punto de partida de investigaciones y denuncias necesarias para corregir y poner fin a privilegios irritantes. El senador por Santiago, Julio César Valentín ha planteado poner fin a esta práctica, comenzando por regular las escandalosas pensiones aprobadas en organismos descentralizados, incluyendo al Banco Central.

A contrapelo de una realidad social que nos golpea, el pasado presidente otorgó centenares de pensiones a figuras del arte, la política y la comunicación, en todas dentro de un marco de ilegalidad e ilegitimidad que rayaba el despotismo. Parejas de artistas plásticos beneficiados antojadizamente con gratificaciones de hasta 200 mil pesos mensuales, sin haber servido al Estado un solo día. Mientras tanto, miles de trabajadores azucareros están sumidos en la miseria, carentes de asistencia social, luego de haber dedicado toda su vida al corte de la caña.

Miles y miles de educadores, enfermeras, trabajadores de la construcción, militares retirados, trabajadores agrícolas, chóferes, transportistas, trabajadoras sociales y domésticas, en fin, la inmensa mayoría de la población dedica su fueraza de trabajo sin la esperanza de recibir una digna compensación al final de sus días.

Pensiones arbitrarias y jugosas, aprobadas sin ser conocidas por el Congresos ni revisada por la Superintendencia de Pensiones, representan más de 100 millones de pesos mensuales al deficitario presupuesto estatal. Sustentadas todas en el capricho y la megalomanía de un mandatario que llegó a creerse dueño y señor de los recursos y los poderes que forman parte del Estado.

Es hora de corregir esta situación, avisando y depurando todas esas pensiones para ajustarlas a las demandas sociales de la población. Una corriente de opinión firme, unida a la disposición de congresistas y líderes políticos, propicia un ambiente favorable a la corrección de tal distorsión.