El periodista Miguel Aponte Viguera reclamó de los medios escritos, motores de búsquedas digitales, blogs y otros medios informativos retirar de sus bloques noticiosos la información relativa a la detención y coerción de que fue objeto por una acusación de alegada violación sexual de una nieta de tres años en el 2013.

Aponte Viguera, quien hizo la solicitud por escrito, se basó en que la acusación en su contra fue una farsa de la exconcubina de su segundo hijo, Pavel Aponte Cabrera, con el objetivo de hacerle daño a éste, embarrando la moral e imagen públicas de su padre.

Según afirmó, la señora Odalis María Cristina Salazar le acusó de “abuso sexual y psicológico” en perjuicio de la hija suya y de Pavel de tres años, a la vez nieta de Aponte Viguera, con el fin de “darle por donde más le doliera”, en despecho porque éste se había casado con otra mujer.

Por la acusación, Aponte Viguera afirmó que fue detenido el 7 de octubre de 2013 y duró 43 días en condiciones preventivas en el Penal de La Victoria y en el Centro de Corrección y Rehabilitación Modelo de San Pedro de Macorís.

Atribuyó la coerción en su contra, al contubernio de la Policía y las autoridades del Ministerio Público y sectores de la Justicia, que según dijo tenían el interés de “ensuciar” su moral e imagen públicas, por su condición de militante político de izquierda, que lucha por la transformación del sistema burgués de justicia y por la instauración del socialismo y el comunismo en el país.

El activista político y miembro del CDP y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) dijo que con la solicitud a los medios escritos busca recuperación de su imagen pública y reputación ganada durante una vida dedicada a la lucha revolucionaria.

Aponte Viguera fue absuelto de la acusación mediante la sentencia 111-2015, emitida el 1 de mayo de 2015, por las juezas Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, presidenta; Ingrid S. Fernández Méndez, jueza primera sustituta, y Claribel Nivar Arias, jueza miembro, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Conminó al buscador Google, a todos los medios digitales y escritos que difundieron la información sobre la acusación en su contra, la cual calificó de falaz y hecha con el único interés de hacerle daño moral, a que ésta sea retirada y se aplique el denominado “Derecho al olvido”, basado en el retiro y borrado de información.