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Pide ley contra prevaricación de los jueces

Pide ley contra prevaricación de los jueces

El jurista Julio Cury propuso al Congreso Nacional la institución del delito de prevaricación judicial, para que los jueces que dicten fallos violatorios a normas esenciales  de procedimientos o que sean evidentemente contradictorios con el ordenamiento jurídico o  vayan más allá de la mera ilegalidad producto de una interpretación errónea o discutible, sean penados con la inhabilitación para empleo o cargo público de dos a seis años.

Cury, que pertenece al Consejo Asesor del ingeniero Hipólito Mejía, dijo que la Ley de Carrera Judicial no consagra como faltas las decisiones dictadas por jueces que carezcan de toda explicación razonable o que excedan la lógica de todo método de interpretación, ni prevé tampoco la inhabilitación para desempeñar funciones públicas entre las sanciones de que son posibles los jueces.

 “No es posible concebir la seguridad jurídica si la convicción empecinada u omnímoda del juez es ilimitada. El juez no puede erigir su voluntad en ley, sino por el contrario, su decisión debe provenir de la rigurosa aplicación de los criterios racionales de ponderación de la ley”, expuso.

Sostuvo  que en los países donde se ha contemplado este delito se han reducido al mínimo las sentencias abusivas, y citó las cámaras civiles de las cortes de Apelación de San Pedro de Macorís y de  Santo Domingo entre los tribunales que recurrentemente dictan sentencias “en base a hechos no acreditados o elementos que no corroboran las pretensiones que consienten en sus sentencias.

“Me refiero a decisiones que carecen de todo apoyo en la ley, que la contradicen de forma tan palmaria que bordean en lo grosero, y no estoy seguro que sea por la ignorancia crasa de sus integrantes”, expresó el renombrado jurista.

Al ser abordado en la sede del Comando de Campaña del PRD mientras participaba en una reunión con abogados pertenecientes a esa organización política, Cury manifestó que sólo consagrando el delito de la prevaricación judicial puede evitarse que la voluntad de algunos jueces siga erigiéndose irrazonablemente en fuente de ley.

El Nacional

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