La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) pidió este lunes a la Junta Central Electoral (JCE) actuar contra 655 candidatos que son funcionarios en el Gobierno y los ayuntamiento y que todavía no han presentado licencias al cargo como establece la Ley Electoral

En una declaración pública por escrito, el vocero de la FJT, doctor Trajano Potentini, dice deplorar que la Junta ha asumido una actitud pasiva y no ha obligado a esos funcionarios a someterse a la ley.

Faltando 13 días para las elecciones, la Junta ha permitido que en algunas instituciones el cien por ciento de los candidatos continúen en sus puestos como ocurre en los ayuntamientos de San Francisco de Macorís y Villa González, en la Dirección General de Migración y en las empresas eléctricas del Norte y Sur, subraya.

Potentini remite una lista con los nombres de los 655 funcionarios que no han solicitado licencia en sus puestos.

Sugiere que la Junta otorgue a esos funcionarios un plazo para que tomen la licencia o anular sus candidaturas.

Los candidatos que no se acojan al mandato legal y que pretendan disfrutar el poder sin asumir responsabilidades, pudieran ser pasibles de la acusación penal de usurpación de funciones como lo prevé el artículo 256 del Código Penal, advierte.

Sostiene que la autoridad de la JCE está en cuestionamiento por ser incapaz de hacer cumplir lo que establece la Ley Electoral.

Opina que el tribunal de elecciones no puede actuar en estos comicios como un simple espectador, sino como la máxima autoridad en materia electoral.

La Junta Central Electoral tiene que tomar la iniciativa de hacer cumplir la ley en la materia que le corresponde, expresó.

Nadie subjúdice

El juez de la Cámara Administrativa de la JCE, doctor José Angel Aquino, informó ayer que ningún candidato está subjúdice de acuerdo al reporte recibido de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría general de la República.

Señaló que el organismo del que forma parte que preside el doctor Roberto Rosario se siente conforme con las explicaciones de la DNCD y la Procuraduría.

Añadió que la Procuraduría y la DNCD sería los organismo que podrían divulgar el contenido del informe.

La Cámara Administrativa, que integran Rosario, Aquino y el doctor César Francisco Félix, pidieron a las dos entidades citadas que le informara si alguno de los más de 16 mil candidatos a puestos electivos estaba subjúdice o tenía vinculación con droga.

Sectores nacionales han advertido la posibilidad de que el narcotráfico patrocine candidatos en estas elecciones.

Acusaciones sin pruebas

El senador del PLD por Peravia, Wilton Guerrero, y el doctor Marino Vinicio, dijeron tener informaciones de que en los partidos había candidatos financiados por el narcotráfico, pero no aportaron las pruebas de su denuncia. El PLD, PRD y PRSC han defendido la honorabilidad de todos sus candidatos.