Los cañones sobre el escándalo de los equipos adquiridos por la Junta Central Electoral (JCE) tiene un solo blanco: el expresidente del tribunal, Roberto Rosario, como si fuera el único responsable. Se entiende que Rosario, por más poder con que contara, no podía arrogarse las atribuciones de contratar por su cuenta equipos valorados en 39.7 millones de dólares, de los que se adeudan unos 13.9, cuyo reclamo es precisamente lo que enciende la alarma que perturba a la opinión pública.

El caso tiene muchas aristas que deberán despejarse antes del tribunal honrar las exigencias de la empresa española Indra, que suministró los escáneres.

Habría que determinar, antes de proceder, si la operación fue realizada por Rosario con o sin la aprobación del pleno. Y de hacerlo por su cuenta, si estaba facultado. Pero también los términos del contrato, pues se supone que la firma no es tan ingenua para envolverse en una operación tan arriesgada sin cumplirse todos los requisitos legales.

Aunque sea prudente, el silencio en torno al escándalo observado por los exintegrantes de la JCE da a entender que Rosario es el único que conoce el intríngulis del negocio que está sobre el tapete y que, por sus dimensiones, constituye un desafío tanto para los actuales miembros del tribunal como para la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público. Que la gente perciba que el escándalo se diluirá sin consecuencias por la jerarquía de sus protagonistas, como ha ocurrido con otros casos sonoros, compromete todavía más a las autoridades.

Con los escánares que según técnicos de la JCE no pudieron utilizarse en su totalidad en las votaciones, a pesar de que Rosario había garantizado que serían las más transparentes y modernas de la historia, no debe pasar lo mismo que con aquellos equipos contratados con el consorcio Soluciones Modernas (Somo) para las votaciones de 2008 por 62.6 millones de dólares, que no obstante la cuantiosa inversión no llenaron su cometido.

El antecedente obliga más a actuar siquiera como excepción para transparentar un tinglado que no deja de arrojar dudas sobre los reales resultados de las últimas votaciones.

Son las estadísticas del tribunal la que indican que cerca de la mitad de los 15,339 centros de votación tuvo que ser procesado en forma manual debido a las fallas en las computadoras. Y que que el 36% de los colegios no transmitió ningún dato utilizando los equipos, mientras el 46% no concluyó el proceso en el nivel congresual.

Tan escandalosos fueron los problemas, que los menos que se espera es que resplandezca la verdad, con la garantía de que los responsables, sin importar su jerarquía, pagarán las consecuencias. Porque ya basta de impunidad.