Leonel Fernández, imposibilitado de mantenerse en el poder más allá del 2012 porque la Constitución se lo prohíbe y porque la crisis económica lo obliga, se prepara para salir del gobierno dejando el país prácticamente en bancarrota, como lo hizo en el 2000, que al salir no había dinero ni para pagar la nómina pública.

Leonel sabe que nada ni nadie podrán impedir que Hipólito Mejía y el PRD ganen las elecciones de mayo próximo. (De hecho cree que sería lo más conveniente porque de ese modo se quitaría el clavito en el zapato que es Danilo Medina)

Ante esa realidad, se prepara para abandonar el Palacio Nacional en agosto del año venidero.

Antes de irse dejará el país en ruinas, con una deuda externa que sobrepasará los 23 mil millones de dólares; un déficit fiscal rondando los cien mil millones de pesos; una nómina pública que pasó de menos de 30 mil millones de pesos a más de 75 mil millones; un altísimo desempleo, un costo de la vida inmanejable, un déficit habitacional de casi un millón de unidades; el sistema agrario en total abandono, con las escuelas y hospitales en deterioro creciente; con una delincuencia y una criminalidad que espantan. Igualmente dejará el país convertido en un punto de drogas dominado por sicarios, bandoleros y corruptos.

Cuando Hipólito llegue al poder encontrará un desastre. Leonel le dejará, otra vez, una bomba de tiempo para que, como en el 2003, le estalle en las manos y le facilite su retorno en el 2016. Todo lo tiene debidamente calculado. (Una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Además, no hay mal que por bien no venga)

Y para que el próximo presidente, que sin duda será Hipólito, no pueda actuar en su contra se está adueñando de todos los poderes del Estado. El Congreso es suyo al igual que el Sistema Judicial. Terminará de apoderarse de la Junta Central Electoral cuando se elijan los jueces del Tribunal Contencioso; controlará el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Hará que se aprueben leyes que amarren al nuevo Presidente de la República de tal modo que no pueda nombrar o cancelar a los miembros del Ministerio Público. El nuevo Presidente no podrá, hacer cambios profundos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Con más de 600 millones de pesos mensuales durante ocho años ha comprado y corrompido medios de comunicación, comunicadores y periodistas lo que le ha permitido controlar el llamado Cuarto Poder.