Millones de ciudadanos se movilizan por las calles de los países europeos contra los rigores de la rígida política de austeridad fiscal y recorte del gasto público que ha incrementando el desempleo y la caída en picada del crecimiento económico, preludio de una inminente recesión global.

Las convulsiones sociales y políticas se hacen sentir en España, Grecia, Italia, Portugal, Francia y Hungría, entre otros países, al ritmo de protestas contra la política de austeridad y las condiciones impuestas por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), conocidos popularmente como la troika.

El paquete de medidas -enérgicamente rechazado en las calles por los pueblos europeos- comprende recortes sociales importantes a los salarios y las pensiones, a la educación y los servicios de salud, así como un aumento del impuesto a los bienes y servicios que consumen los ciudadanos. Hablamos del conocido Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), que equivale a Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) establecido dentro del sistema tributario dominicano durante el Gobierno de Salvador Jorge Blanco (1982-1986).

Conviene tener presente que el FMI, organismo crediticio multilateral que pone el acento en la aplicación de programas de ajuste económico dirigido a situar a los deudores en mejor capacidad de pago del servicio de la deuda externa, concertada con los acreedores internacionales, mantiene los dedos cruzados ante el deterioro fiscal que se observa en las finanzas públicas de los gobiernos europeos y su correspondiente impacto en el desempeño de la economía internacional.

Christine Lagarde, directora gerente del FMI, sostiene que la incertidumbre sobre la crisis de deuda en la UE es el mayor riesgo para la economía mundial, a lo que se debe adicionar la fragilidad y lentitud del proceso de recuperación de las actividades productivas, comerciales y financieras en Estados Unidos.

Las exigencias tradicionales del criticado organismo crediticio multilateral se manifiestan en medidas dirigidas a la automarginación del Estado en su desempeño económico y en la regulación de los flujos de capitales externos que se posan en la economía interna en busca de mayor rentabilidad, pero que suelen levantar vuelo cuando detectan otro mercado que ofrezca mayores beneficios dejando un hueco financiero que impacta adversamente en la balanza de pagos.

Porque es cierto que a los mercados internacionales no les gustan los altos niveles de deuda y de déficit fiscal de un Estado, pero mucho menos les agrada la caída en picada del ritmo de crecimiento que suele evidenciarse cuando se aplican política de shock que se reflejan en las bajas tasas de crecimiento y endurecimiento de la política fiscal con recorte del gasto social, aumento del desempleo y disminución de la demanda interna.

Lo cierto es que hay que cuidarse de las rígidas recetas de ajuste, concebidas en los laboratorios del FMI, las cuales suelen ser recurrentes en las exigencias a los países deudores de fuertes medidas de ajuste que implica reducción del déficit fiscal, sin tomar en cuenta el costo social y político de semejantes medidas de ajuste económico. Es verdad que se debe disciplinar el gasto público, pero con prudencia, conciencia y paciencia.