El Poder Ejecutivo elabora el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del año venidero conforme al literal g del numeral 2 del Art.
128 de la Constitución de la República y lo envía al Congreso Nacional a más tardar el primero de octubre, el cual tiene que ser discutido y aprobado por las cámaras legislativas.
De manera que en las próximas semanas ese proyecto estaría terminado y oportuno es el momento para demandar al gobierno central un mayor y justo presupuesto para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se maneja con enormes precariedades económicas, porque en los últimos tres años, es decir desde el 2013, recibe una partida de apenas 7,128 millones de pesos.
El gobierno otorga tardíamente un pequeño subsidio adicional cada mes, pero el mismo sólo permite que el rector, el doctor Iván Grullón, pueda honrar el pago de los profesores y empleados, que absorben el proceso inflacionario de 36 meses, reduciendo su poder adquisitivo y, por vía de consecuencia, su calidad de vida.
Los servidores universitarios exigen un aumento de sueldo.
Y la academia requiere de los recursos económicos para enfrentar el aumento de los costos por concepto de inflación, el crecimiento de la matrícula estudiantil y la apertura de nuevos recintos en diferentes provincias del país.
La UASD tiene también que optimizar la docencia, equipar laboratorios, bibliotecas, aulas, oficinas y actualizarse tecnológicamente, así como destinar una adecuada partida a la investigación.
Moral le sobra a la universidad estatal para exigir que el gobierno la dote del presupuesto que demanda, porque pese a sus limitaciones presupuestarias sigue exhibiendo excelencia académica. No lo dice el autor de este artículo, sino organismos internacionales que la posicionan entre las principales del continente.
A la UASD le sobra moral, además, para demandar los recursos económicos necesarios por la pulcritud y transparencia financiera, dato corroborado por la Cámara de Cuentas, cuando dijo que se trata de la institución del Estado que mejor uso hace de su presupuesto. Y es que el co-gobierno, en el que hay intereses de toda índole, garantiza una eficiente supervisión del patrimonio universitario. ¿Qué entidad más que la UASD merece aumento presupuestario?