El Gobierno ha hecho bien en solicitar aplazar la reunión del Consejo Económico y Social que discutiría desde ayer el diseño de una reforma fiscal, sobre cuyo contenido y alcance no se avizora un mínimo consenso con el sector privado por lo que hace falta auscultar aún más los escenarios de posibles entendimientos.
El ministro de Economía, ingeniero Temístocles Montás, arguyó que las autoridades requieren de más tiempo para poder concluir la evaluación de los distintos escenarios que analiza en torno a la situación fiscal, pero es claro que el litoral oficial procura concertar en un ambiente de mayor distensión o comprensión por parte de todos los intervinientes en esa crucial negociación.
Aunque el Gobierno ha dicho que en la búsqueda de solución al abultado déficit fiscal haría énfasis en todo lo que tiene que ver con la reducción del gasto público, la contraparte empresarial no ha dicho lo mismo con relación al incremento del ingreso vía aumento de la presión tributaria.
El escenario estaba preparado para que hoy el presidente Danilo Medina pronunciara el discurso de apertura de la reunión de ese consejo integrado por 47 organizaciones empresariales, gubernamentales, sindicales y de la sociedad civil, pero hasta ayer ninguno de los intervinientes ofreció garantía de que acercaría sus posiciones al anhelado consenso.
Se pensaba que gran parte de los estudios y análisis sobre el comportamiento fiscal realizado por distintas comisiones tendrían como similares resultados que servirían de base a la concertación de un Pacto Fiscal Integral, pero lo que se ha dicho es que los gremios empresariales estarían cerrados a banda en torno a exigir que sólo se trate reducción y reorientación del Gasto Público.
El Gobierno desea reducir sustancialmente el monto de 120 mil millones de pesos anuales en exoneraciones de arancel y exenciones fiscales otorgado al sector privado, pero el sector empresarial advierte que ello conllevaría a incrementar el índice general de precios y atentaría contra la competitividad de las empresas.
Aún no se sabe en cuáles fuentes de ingresos se sustentarían los 108 mil millones de pesos que se requieren para cumplir con el 4% a la educación, los 45 mil millones para conjurar déficits del sector eléctrico y los 29 mil millones para reducir el déficit cuasi fiscal del Banco Central, sin mencionar el financiamiento de obras como la terminación de la segunda línea del Metro.
Es por eso que se define como previsor el pedido del Gobierno de posponer la reunión de hoy en la que se discutiría sobre el tema fiscal, porque ese encuentro sería como diálogo de sordos. Es mejor esperar a que las partes entiendan que de ese acuerdo dependen los pactos Eléctrico y Social, la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario y el futuro de la economía.

