La combinación de un modelo constitucional con reelección presidencial consecutiva y la implantación mediante ley del sistema de las primarias abiertas acentuaría el “hiperpresidencialismo” y el patrimonialismo en el Estado, a la vez que fragmentaría los partidos políticos, que se verían afectados por el aumento de las rivalidades y la expansión del clientelismo.

El “hiperpresidencialismo” es un fenómeno político caracterizado por la centralización y la personalización del poder en manos de una figura providencial que utiliza los recursos públicos para premiar o castigar a sus leales y adversarios de acuerdo con sus conveniencias, con el fin de monopolizar la dirección del Estado por encima del orden institucional.
La pasada semana el tema fue planteado por el periodista Juan Bolívar Díaz en su columna del matutino Hoy al describir el panorama que vive el país a un año del segundo mandato del presidente Medina, al tiempo que advertía que, “más que nunca ha quedado claro que el mandatario ha llegado al extremo de doblegar al Congreso Nacional pretendiendo imponer a todos los partidos la elección de candidatos con el padrón abierto para abrirse posibilidades de continuidad al frente del Estado o garantizársela a través de un escogido”.

La dilatada experiencia del comunicador como observador y analista de la realidad dominicana trae al debate la interrogante de si ¿se está abriendo un período de “hiperpresidencialismo” patrimonialista en la política dominicana similar al que se vivió bajo el influjo de la Constitución de 1966 con el extinto Joaquín Balaguer?.

La pregunta no es ociosa y mantiene en ascuas a amplios sectores de la vida nacional que ven en el afán de imposición del modelo de las primarias abiertas la última jugada del presidente Medina para desmontar la arquitectura de la Constitución del 2010 y así poner en práctica un rediseño del sistema político basado en los poderes expansivos de su Presidencia con el debilitamiento de los partidos políticos.

A juicio de algunos, el primer eslabón de esta agenda se materializó con la reforma constitucional del 2015 que cambió la prohibición de la reelección consecutiva y dio paso a la repostulación de Medina, con lo cual se enterró el legado de Juan Bosch y Leonel Fernández de poner frenos al continuismo presidencial en la Constitución.

El segundo acto en el teatro oficialista sería desmontar la estructura constitucional de los partidos políticos mediante una ley que llevaría a esas formaciones a escoger sus candidatos mediante primarias abiertas obligatorias y simultáneas, pese a que ese modelo está en declive en países como Chile, donde su obligatoriedad fue declarado inconstitucional por resultar violatorio al derecho a la libre asociación y autodeterminación de los partidos.

En Argentina y Uruguay, los otros dos países donde funciona ese sistema, sus efectos son contraproducentes y económicamente demoledores porque multiplican los procesos electorales, ya que cada elección vale por dos, una interna y otra externa.

Por esa razón despierta inquietud el efecto de retroceso y la fragmentación que pudieran provocar la combinación del restablecimiento de la reelección presidencial y la implantación del sistema de primarias abiertas que propiciaría la elección plebiscitaria del candidato del partido oficial en medio de un creciente escenario clientelar.

Límites

El origen de este escenario se remonta al año pasado con la reelección del presidente Medina, lo cual facilitó el anclaje de sectores peledeístas conservadores y advenedizos que se han acostumbrado a las mieles del poder y que ahora apuestan a un “hiperpresidencialismo” del gobernante sin límites constitucionales ni legales y sin tomar en consideración la percepción que tiene la sociedad del uso que se hace del poder.

En su análisis, Juan Bolívar Díaz llama la atención sobre el dominio que la Presidencia de la República tiene del Presupuesto Nacional mediante la adjudicación discrecional de los fondos públicos, lo que se pone de manifiesto en el hecho de que este año concentra aproximadamente 62 mil millones de pesos, mientras al Poder Judicial languidece con una asignación de apenas siete mil millones, el 50% menos de la asignación que le corresponde por ley.

A su queja se suman voces de la sociedad civil que critican que de esa forma se viola el principio de separación de poderes del Estado, amén de que gran parte de los fondos asignados a la Presidencia van destinados a programas de corte populista que ven a los pobres no como sujetos de derecho en un Estado social (como proclama la Constitución), sino como “personas menesterosas o necesitadas de dádivas”.
Otro aspecto es la desazón que causa en muchos peledeístas el estilo de gobierno del presidente Medina, por su fuerte tinte personalista que manejalas designaciones en los puestos públicos sin tomar en consideración al partido oficial ni el perfil de los favorecidos.

Sin embargo, este enfoque de “real politik” es justificado por un grupo de abogados y publicistas extrapartido que hace dos años se comprometieron hasta los tuétanos con la reelección de Medina y que en los actuales momentos actúan como “arietes” para que el mandatario toque las puertas del Tribunal Constitucional y se enrumbe en la aventura de otra repostulación consecutiva, algo similar a lo que acaba de acontecer en Honduras.

Tras bastidores esos grupos rumorean que la acumulación de poder del gobernante es tal, que si decidiera no ir a la reelección debe optar por una “fórmula endogámica” y señalar a uno de sus más cercanos colaboradores como su relevo por encima del propio PLD.
A esto, el dirigente peledeísta Franklin Almeyda ha respondido que el desenfado de estos grupos pudiera sacar al PLD del gobierno, puesto que “el poder hace soberbio y desenfrenado a quienes no tienen formación política para gobernar, carencias que hacen olvidar que el Estado es de la Nación y maltratarlo tiene un alto costo”.

UN APUNTE

Los demás

Varias entidades de la sociedad civil, juristas independientes y los principales partidos de la oposición se han identificado con las primarias cerradas, como mecanismo democrático para escoger las autoridades de las entidades políticas, así como los candidatos a cargos electivos.

El PRM, la principal fuerza de la oposición, se pronunció a favor de las cerradas, ya que ese método es la única garantía de que los candidatos sean escogidos solo por los militantes de los partidos.