Históricamente el Estado dominicano ha actuado de espaldas a las demandas de la sociedad civil, porque su nacimiento fue asaltado por grupos que lo han instrumentalizado para que opere exclusivamente a favor de ellos, lo que se ha traducido en sistemáticos bloqueos a cualesquier iniciativas tendente a cristalizar un proyecto de nación que haga viable la modernidad y la incorporación de millones de excluidos a una vida productiva, educativa y ciudadana.

Gobierno tras gobierno, la administración del Estado ha estado al servicio de la oligarquía, de la alta burocracia civil y militar y de elementos carentes de escrúpulos que aprovechan sus vínculos oficiales y oportunidades para hacer negocios a despecho del interés colectivo. Las claves para perpetuar ese estado de cosas han sido la acumulación por despojo a la ciudadanía de los recursos destinados al colectivo nacional, cercenar los procesos de ciudadanización, el endeudamiento irresponsable que, a la postre, debe pagar el pueblo mediante una política fiscalista que expolia al ciudadano y exonera a los grupos económicos de responsabilidades impositivas. Es que entre el Estado y la sociedad Civil ha operado un desencuentro constante.

Desde agosto de 1996, cuando el Partido de la Liberación Dominicana-PLD- llegó al poder, el Estado fue sometido a saqueos eficientes y sistemáticos para crear nuevos grupos económicos a partir de una interpretación burda de una tesis de Bosch de que en el país no había clase gobernante, entendieron que ellos la constituirían y llevarían a la nación a un nuevo estadio civilizatoria, para lo cual debían agenciarse recursos económicos a como diera lugar, para cual procedieron al asalto de las instituciones y sus presupuestos.

Bajo esa premisa, las dos administraciones del PLD, crearon núcleos de administradores, consultores legales, contadores, suplidores y vigilantes militares en todas las instituciones oficiales para sistematizar el pillaje más extraordinario que haya conocido la historia de la República Dominicana. El financiamiento de ese proyecto, con altos matices neofascistas, se apoyó en el endeudamiento y una fiscalidad antipopular extrema. Para tal propósito se trajo de Francia a un sociólogo para impartir talleres a los elegidos. Por ello, no hubo una sola entidad oficial que, so pretexto de modernización, no fuera diezmada económicamente, a partir de las recaudaciones, todo tipo de negocios y el incremento de la deuda interna y externa.

En ese marco de cosas, ninguno de los muchos problemas nacionales, regionales y locales podía ser resuelto, todo lo contrario, resultaron agravados, no obstante la propaganda y publicidad oficiales El extremo del latrocinio oficial llegó cuando la pandemia del covid se hizo presente en marzo de 2020 al incrementarse la creatividad mafiosa y en consecuencias la deuda para enriquecer a unos pocos.

El PLD agravó los problemas medioambientales, mutilando las reservas científicas y protegidas y los parques nacionales fueron vandalizados infringiendo daños estratégicos que llevará décadas subsanar. Las agresiones al medio ambiente dañaron la producción de agua, microclimas y calidad de las tierras. Las agresiones de las empresas extractoras son verdaderos ecocidios estimulados por privilegiarse la rentabilidad del capital sobre la vida.

El narcotráfico tomó carta de ciudadanía con apoyo oficial en la frontera, puertos y aeropuertos; involucró a oficiales de todos los cuerpos de seguridad y policiales, a oficinas de abogados, lo mismo que la presencia de miles de indocumentados que llegan al país con apoyo de oficiales de migración, agravando la crisis social y de institucionalidad, para parecerles simpáticos a ONGs, grupos de presión y entidades extranjeras.

Los presupuestos hospitalarios fueron sistemáticamente dilapidados: el cierre irresponsable de 56 hospitales, la sobrevaluación de los presupuestos mediante adendas medalaganarias y el festival del saqueo al incremento del 4% del PIB para la educación preuniversitaria a través de su distribución salarial, adquisiciones de solares y edificaciones, alimentación escolar, “asesorías” y compras de todo tipo para justificar gastos. La entrega del patrimonio nacional a transnacionales fue festín para beneficios privados que resultaron en lesa Patria.

La eficiente gestión de los robos efectuadas por los gobiernos del PLD hizo crisis política en enero del 2017 con la aparición en el escenario sociopolítico de la Marcha Verde. Esta agrupación congrego iglesias, partidos, grupos civiles e individuos, actuó en el marco sistémico, y debió ser escuchada, pero no, el gobierno reaccionó vigilando y reprimiendo a sus cabezas visibles y censurando periodistas, curas y militantes de la sociedad civil, victimizando una acción ciudadana pacífica y eso terminó enajenándoles el apoyo de amplios sectores nacionales que aun le daban el privilegio de las dudas.

El resultado no se hizo esperar, a lo largo de los años 2018 y 2019 los conflictos Estado y sociedad civil se agudizaron acrecentando la separación entre ambos. La torpeza política nunca había sido tan evidente y el PLD tocó fondo al intentar modificar la Constitución para hacer otro traje a la medida a un presidente, al tiempo que dilapidó en campaña una astronómica suma de recursos públicos e intentó sabotear las elecciones, pero, de todas maneras, perdió y fue desalojado del gobierno junto a su forma retorcida de concebir y hacer política, es decir, su accionar en pro de controlarlo todo y desdeñar a los demás, al tiempo de operar como gánsteres.

La gestión del Estado, que ahora cumple un año, encabezada por Luis Abinader, asumió en momento dramático de la historia nacional: crisis estructural, crisis de la deuda, crisis sanitaria, grandes demandas populares y amplio despertar de la conciencia ciudadana Se requiere de esfuerzos ciclópeos para enfrentarlas los desafíos y sintonizar con el país. Se observa que quienes debían ser su apoyo político, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), parecen no tener la menor idea de a qué se enfrenta el país y han dejado solo al presidente, disminuyendo su capacidad de accionar y dar respuestas eficientes y al contrario, se han constituido en obstrucción a la gestión.

El primer mandatario ha demostrado ser trabajador, conecta con las masas, comunica muy bien sus ideas, pero solo una minoría de funcionarios lo emula. La política comunicacional del gobierno es un desastre, el sabotaje de algunos es evidente, la blandenguería frente al PLD es vergonzosa y las provocaciones de sacerdotes, opositores y comunicadores del viejo régimen siguen retando la paciencia ciudadana.

Las respuestas oficiales frente a la pandemia han sido buenas pero insuficientes porque la indisciplina social, el interés del capital de sobreponer la rentabilidad a la salud colectiva y la persistencia de la voracidad de algunos por repetir los ejemplos delictivos en el Estado a pesar de las advertencias y ejemplos emanados del Ministerio Público y la manifiesta voluntad del presidente, distraen la atención de los que están trabajando para sobreseer la crisis.

Durante este primer año se ha trabajado, pero clandestinamente, pues pocos saben qué se hace, gracias a una política de comunicaciones altamente sospechosa. Otro elemento a resaltar es la irritante tolerancia frente al chantaje y provocaciones de una oposición que asecha y conspira para desestabilizarlo social y políticamente. El PRM luce congelado y la defensa a la gestión descansa en influencer y periodistas independientes. Se trata de un gobierno del sistema, pero preocupa el recuerdo del retroceso de 1986 por las mismas razones.

En este primer año de gobierno se debería limpiar el gabinete mediante una radical rotación de las élites comprometidos con prácticas del viejo régimen y así ir cerrando la brecha histórica ente Estado y sociedad civil.

Por Dantes Ortiz Núñez

El historiador y catedrático de la Uasd Dante Ortiz.