La más amplia repulsa ha causado el asalto al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís perpetrado el jueves por un contingente policial para liberar por la fuerza a un miembro de esa institución recluido en la cárcel de ese recinto acusado de la comisión de un asesinato. El vicepresidente de la República, el presidente del Senado y el procurador general figuran entre los representantes de poderes públicos que censuran lo que ha sido considerado como una acción repudiable que vulnera la independencia del Poder Judicial. El destituido jefe del comando regional Nordeste de la Policía pretendió justificar ese asalto con el argumento de que tenía información de que el raso Marino Alfonso Torres, al que un juez le había impuesto medida de coerción de tres meses, sería objeto de un intento de linchamiento por civiles. Una decisión más racional que asaltar un recinto judicial, sería la de ordenar incrementar la vigilancia y seguridad del Palacio de Justicia, por lo que el general Miguel de la Cruz Reyna, quien se responsabilizó por tales excesos, ha incurrido en violación a la ley y a la Constitución. Una sociedad indignada ante tal acto de brutalidad reclama sanción ejemplar.
El Nacional
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