Resulta insólito que por falta de atención o diligencia procesal, República Dominicana fuera condenada por un tribunal de la Florida al pago de 50 millones de dólares a favor de dos empresas de capital estadounidense por supuesto incumplimiento de un contrato de construcción.
Lo que se ha dicho es que las autoridades dominicanas nunca respondieron a una demanda abierta en Estados Unidos por las empresas Architectural Ingeniera, ubicada en Coral Gable y Sund Land, en Pembroke Pine. Se afirma que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) canceló un contrato suscrito con esas compañías para construir un sistema de irrigación en Azua, lo que habría causado pérdidas millonarias a los demandantes.
La jueza Cecilia Altonaga sentenció al gobierno dominicano, que no tenía representación de abogados en el tribunal, al pago de 50 millones de dólares, luego que la magistrada declaró al país en situación de rebeldía, pues la demanda habría sido notificada a través de la embajada dominicana en Washington. Aunque el director del Indhri, Olgo Fernández, viajó presuroso a la Florida, para apelar esa sentencia, las posibilidades de revocación son escasas, según juristas entendidos. ¿Quién cuenta la historia?
El Nacional
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