La ruidosa protesta protagonizada por empleados públicos en España contra el alza impositiva y otras medidas para enfrentar el déficit fiscal se presta a múltiples lecturas. En primer lugar la independencia de criterio y la libertad de conciencia. Y en segundo la garantía de que no perderán sus puestos por disentir de medidas adoptadas por el Gobierno o por no formar parte del partido en el poder. Antes que salir a las calles a protestar, en República Dominicana, de presentarse una situación similar a la de España, los empleados lo que harían es respaldar al Gobierno. Cualquiera que estuviera en el poder. Porque aquí, pese a lo mucho que se pontifica, las plazas no se obtienen por concursos ni capacidad, sino por tráfico de influencias o militancia política. Al Gobierno de España no se le ocurrió, ni por asomo, calificar de conspiración o atribuir a la oposición la protesta de la burocracia, que salió a reclamar sus derechos sin temor de pasar a formar parte del numeroso Ejército de desempleados de la nación. Porque tampoco son botellas.
El Nacional
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