En el presupuesto complementario se consigna una partida de 300 millones de pesos para la Junta Central Electoral (JCE). No se detalla la razón, pero resulta obvio que es para compensar los gastos en que incurrió la JCE durante el proceso electoral. Lo que no está clara es la necesidad que tenía la entidad de disponer de 72 millones de pesos en obras en los primeros tres meses de este año. Al margen de si las obras se realizaron conforme a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Y de que las inversiones contrastan con el déficit presupuestario que se arrastraría desde 2010 y con el plan de austeridad que se había anunciado para paliar la crisis financiera de la entidad. Es posible que el presidente de la JCE, Roberto Rosario, pueda explicar siquiera la necesidad de construcciones en Mao, San Juan, San Cristóbal, Sabana Grande de Boyá, Villa Jaragua, Cabral, Puuerto Plata y Los Alcarrizos, en adición a las reparaciones y a un restaurante en la sede central. A lo mejor se justifican, pero es necesario explicarlo para despejar suspicacias. Y muchas.
El Nacional
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