El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha vuelto a demostrar, a propósito del proyecto de ley que regula los salarios en el sector público, que tiene sus bonos altos. Antes que los oficialistas han sido legisladores de la oposición quienes han defendido, amparado en la Constitución, que el organismo sea excluido de la pieza que se ventila en el Senado. Según Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Ruddy González, del Revolucionario Dominicano (PRD), el artículo 225 de la Carta Magna consigna que el Banco Central es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. El argumento, por supuesto, es para sustentar la exclusión del organismo de la regulación de los salarios. La verdad es que no debe haber exclusiones, pero hay que acogerse a lo que establece la Constitución. Aunque la mesura y equidad que ha caracterizado la gestión de Valdez Albizu elimina cualquier temor de que el Banco podría extralimitarse en el gasto salarial.
El Nacional
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