La creación de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que sustituye otra que tuvo en el pasado más penas que gloria, ha creado gran expectativa en una población que todavía aspira a que desde el gobierno se apliquen medidas preventivas y desde el Ministerio Publico y la Justicia se persiga y castigue la prevaricación. A pesar de que esa dependencia, que al igual que la anterior, será dirigida por el doctor Marino Vinicio Castillo, ha sido bien acogida, algunos sectores estiman que el decreto que la instituye le adjudica algunas prerrogativas que resultan inconstitucionales, como la de interrogar a funcionarios públicos sospechosos de cometer prevaricación, diligencia que corresponde al Ministerio Publico, así como autoridad para imponer sanciones, lo que sería potestad de un juez. Valdría la pena que abogados constitucionalistas estudien el contenido del decreto que crea esa dirección para determinar si en verdad viola preceptos constitucionales, aunque de antemano se puede aplaudir la intención del Gobierno de perseguir a los manos sueltas que siempre abundan en la administración pública. Ojalá también alguna vez la Cámara de Cuentas cumpla con su rol de fiscalizar las cuentas nacionales.
El Nacional
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