Leyenda
La posición del Gobierno sobre la Ley de Salarios Públicos adquiere tono de leyenda. El titular del Ministerio de Administración Pública denunció que sectores privilegiados, que se resisten a la aplicación de la legislación, intentarían obstaculizarla a través de un recurso de inconstitucionalidad. El ministro Ramón Ventura Camejo habla como si el salarial fuera el gran problema de la función pública. Pero, para colmo, el honroso ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, traduce inaceptable impotencia al abordar lo que define de desorden salarial en el sector público. Esa impotencia es precisamente lo que confiere características de leyenda al desorden que admite el propio Gobierno. Y esto así, porque bastaría con un decreto o con la intervención del Presidente de la República para regular los salarios o corregir las distorsiones. ¿Qué otra cosa se puede pensar cuando en medio del plan de austeridad dispuesto por el Gobierno, el director de una entelequia como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) dispone unos escandalosos aumentos de sueldos para él, más de 30 subdirectores y otros funcionarios? Con un poco de autoridad es más que suficiente para imponer el orden, sin necesidad de una retórica que, en honor a la verdad, contrasta con la realidad.
El Nacional
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